Veamos la sucesión de los hechos desde el día de las elecciones: tras el cierre de las mesas, dos entidades independientes, Jubileo y CiesMori, establecieron, mediante conteo rápido, es decir con base en actas computadas, que el MAS obtendría alrededor del 53% de los votos, frente a 30% de CC.

El recuento oficial  confirmó con mucha cercanía esos resultados. Luis Arce, del MAS, ganó con el 55% de los votos a Carlos Mesa, de CC, que obtuvo 29%.

¿Cómo puede haber habido fraude, entonces, si el resultado del conteo rápido de dos entidades creíbles, sin relación entre sí ni con el MAS, adelantaron esas cifras? Posteriormente a ello, el cómputo oficial se realizó sin ninguna denuncia de irregularidades. Las actas de las mesas de votación llegaron a los centros de conteo, donde fueron escaneadas para obtener un resultado. Estaban presentes allí los delegados de los partidos, que tenían una buena cantidad de copias de las actas, que les entregaron sus delegados de recintos. En los centros de cómputo se realizó el escrutinio con resultados ya conocidos. Además, las actas están a disposición de cualquier ciudadano en internet. Hasta ahora no hubo una prueba de que algún acta hubiera sido alterada.Ante ello, que se realizó de manera transparente, a la vista de organismos internacionales y nacionales, los dos principales adversarios del MAS admitieron los resultados a las pocas horas de darse a conocer: primero lo hizo la presidenta saliente Jeanine Añez y luego el candidato Mesa. Al final lo hizo Luis Fernando Camacho. A todo eso se debe agregar que los integrantes del TSE son personas creíbles y honestas.

Además, varias entidades y gobiernos aceptaron el resultado como válido: OEA, NNUU, Centro Carter, Unión Europea, Iglesia Católica, Conade y gobiernos como los de EEUU, Colombia y Brasil, que no son afines al MAS.

¿Cómo puede entonces realizarse una auditoría electoral? ¿Con base en qué? ¿Sólo al capricho de los perdedores? Y más importante que ello, no hay una entidad que pueda hacer esa auditoría, ya que las que podrían hacerlo son precisamente las que han dado fe de que no hubo fraude, como la OEA, Centro Carter y las otras. Simplemente les toca a todos los actores aceptar los resultados y seguir adelante.

Otro argumento esgrimido es que el padrón tiene tantas irregularidades que podrían esconder un fraude. Sin embargo, este fue saneado en tres dimensiones. La primera, la de inclusión, con la incorporación de los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección; la segunda, la actualización, que permitió el cambio de los registros de las personas con nuevo domicilio; por último, la depuración. Se cruzaron las bases de datos del padrón y del Registro Civil para depurar a los fallecidos. 

También señalan la supuesta inequidad entre el voto urbano y el rural. En varias ocasiones, el Órgano Electoral aclaró que independientemente del lugar de emisión del sufragio, los votos cuentan igual para elegir al Presidente. Es decir, un boliviano, un voto. El principio también se aplica en la elección legislativa, aunque las fórmulas de distribución de escaños y la talla de las circunscripciones hagan complejo comprender su funcionamiento. Lo importante es que la cantidad de parlamentarios que obtiene una organización en un departamento depende del porcentaje de votación de su candidato presidencial en esa región. Ese elemento de base no ha cambiado en décadas y se ha preservado cuando se introdujo el sistema de diputados uninominales en 1997. Sean urbanos o rurales, los votos pesan igual para definir los parlamentarios.