Con esas palabras,  el expresidente Carlos D. Mesa lamentó  la decisión del Gobierno  de impulsar un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax. El exdignatario  insistió en  que no será candidato presidencial en los comicios de 2019.  

En criterio de Mesa, quien  ayer presentó su informe en la comisión paralela que investiga el caso Lava Jato,  el Gobierno entiende las cosas de manera “muy particular”,  pues “entiende que independencia y coordinación es sometimiento de los poderes al Poder Ejecutivo;  es decir, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema en su conjunto depende de las decisiones del Poder Ejecutivo” y por ello –dijo– “es obvio que hay una estrategia de demolición política”.

Como no ocurre en otros casos, el pedido de juicio contra Mesa avanza de forma acelerada. La Fiscalía General del Estado  ya remitió la proposición acusatoria al Tribunal Supremo de Justicia,  en tal sentido corren los plazos para aceptar o rechazar la solicitud del Órgano Ejecutivo.

Los delitos que se atribuye a Mesa son conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes  e incumplimiento de deberes.   

Esa situación, según Mesa, es muestra de que “estamos llegando a un punto que parece delito el que uno quiera ser candidato” y  “la judicialización de la política se ha convertido en la norma que el Gobierno utiliza para anular a quienes considera, su subjetividad así lo plantea, sus posibles adversarios   en una posible candidatura presidencial ilegal del presidente Evo Morales”.

De acuerdo con  resultados de una reciente  encuesta, el expresidente  obtuvo 23,4% de preferencia electoral, lo que lo ubica a cuatro puntos de  Morales, quien logró 27,4%.