“Debemos admitir que en un primer momento (del conflicto) cometimos el pecado de la tentación de creer en la buena fe de todos; es decir, caímos en la trampa de algunos dirigentes politiqueros que escudados en instituciones cívicas y obreras nos convencieron” para sumarnos a las protestas, dijo Laime.

 Sin el respaldo de la Gobernación, las instituciones chuquisaqueñas realizaron un cabildo el 15 de mayo y resolvieron exigir la renuncia de Urquizu y otras autoridades, además de mantener su lucha por el campo gasífero, pero mediante una batalla legal.

De ese cabildo, según el secretario general, la mayoría de los asistentes se fue con un sentimiento de frustración.

“Nuestro respeto a los 93.000 ciudadanos que se dieron cita con una sana intención,  pero al final, creo que gran parte de esos 93.000 han terminado el cabildo con un sentimiento de frustración porque los que dirigieron ese evento no habían estado actuando sanamente, ni democráticamente, sino estaban con otra intencionalidad”, afirmó.