En septiembre de 2015, el partido azul con el apoyo de legisladores de otras fuerzas aprobó una de las denominadas “leyes incendiarias”, la 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y predios comunitarios o colectivos, para actividades agrícolas y pecuarias.

Es decir, esta norma permite que la pequeña propiedad agrícola, que anteriormente sólo podía chaquear hasta 5 hectáreas, ahora puede chaquear hasta 20 hectáreas. En 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, que establece como una de sus metas ampliar la superficie cultivada de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas hasta 2020.

Asimismo, la Agenda Patriótica 2025 plantea en el pilar referido a la soberanía productiva que, para el año indicado, se habrá incrementado la producción agrícola, y al menos triplicado la población de ganado. Si bien el objetivo puede referirse a la extensión cultivada, éste se ha entendido como la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria atentando directamente contra los bosques y el medioambiente. Es evidente que, los objetivos de las políticas públicas promovidas por el Gobierno avanzan sobre los bosques para convertirlos a otro tipo de usos productivos.

Así, se da cobertura institucional y política para desmontar áreas que -según el texto constitucional y otras normas nacionales- se encuentran restringidas.

El 2019 Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se suscitaron durante julio a septiembre. Del total del área quemada, 3,3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas –es decir pastizales, cerrados, entre otros– y 2 millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque; de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque chiquitano.

La quema de más de 2 millones de hectáreas de bosque significa una pérdida invaluable e insustituible del patrimonio natural boliviano. Otra norma, considerada atentatoria contra el medioambiente, promovida por el Ejecutivo y aprobada por los dos tercios del MAS fue la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconocía “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En 2017 la mayoría del MAS en el Legislativo impulsó una norma que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), con el objetivo de viabilizar la construcción que atravesaría el corazón de esta importante área natural protegida. En 2011 los indígenas del área tras realizar la VIII Marcha lograron arrancar al Gobierno de Morales la Ley 180 de intangibilidad del Tipnis.

La marcha partió de Trinidad y llegó hasta la ciudad de La Paz. En el camino los marchistas fueron reprimidos en Chaparina, pero esto no impidió que lleguen a su destino, donde recibieron un amplio respaldo de la población y lograron su objetivo. Pero, la administración azul no cejó en su intento y mediante una presunta consulta previa, logró aprobar la Ley 969 que quita la intangibilidad al Tipnis. En la Legislatura 2017- 2018 se aprobó la Ley General de la Hoja de Coca, documento remitido por el Ejecutivo a la Asamblea.

En 2017 por las fiestas de carnaval el Legislativo apresuró la aprobación del proyecto, tras una serie de confrontaciones entre los cocaleros de Los Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba. Al final, se impusieron los del Chapare. Se definió el incremento de la producción cultivada de 12.000 a 22.000 hectáreas. De estas 14.300 serían en la zona tradicional y 7.700 en el trópico cochabambino.

En diciembre de 2017, pese a movilizaciones, huelgas, entre otros, la Asamblea mayoritaria del partido azul aprobó el Código del Sistema Penal ante la débil oposición.

García Linera promulgó la norma, sin considerar las observaciones de médicos, periodistas, comerciantes, transportistas, grupos religiosos, activistas, entre otros.

Ante la férrea oposición y crisis desatada entre diciembre de 2017 y enero de 2018, Morales promulgó una ley que abrogó el Código del Sistema Penal. El código derogado fue debatido durante semanas artículo por artículo, hasta concluir con la aprobación del numeral 205 sobre negligencia médica, titulado “Daño a la salud o integridad física por mala práctica”, que preveía penas de cárcel en caso de fallecimiento del paciente, además de sanciones económicas e inhabilitación para profesionales sanitarios.

El código aumentaba las causales a casos como el riesgo para la madre o las malformaciones del feto, que fueron rechazadas por organizaciones cristianas y provida, que se movilizaron en contra. Otra de las novedades era el castigo con hasta seis años de prisión por suplantación de identidad en redes sociales, medios digitales o plataformas informáticas.

Entre otras normas cuestionadas de la gestión 2015- 2020, se puede mencionar a la Ley del Sistema Único de Salud (2019) y la Ley de Organizaciones Políticas (2018), objetada por la oposición.

En el ejercicio de funciones de los legisladores en este periodo de transición se promovió 40 PIE, 49 PIO y 33 interpelaciones. Durante casi 11 meses de gestión de prórroga de la Asamblea, los dos tercios del partido azul censuraron a tres ministros del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, lo que no sucedió en 14 años de gestión del MAS.

Los ministros censurados, destituidos y posteriormente restituidos en sus cargos fueron el de Defensa, LuisFernado López; de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Además de objetar la designación del Procurador General del Estado.

El MAS no obtuvo los dos tercios de la próxima legislatura, pero la ALP saliente cambió los reglamentos para que varios temas, como los ascensos y nombramiento de embajadores, sean aprobados con mayoría absoluta.

Las asistencias irregulares

Las listas de asistencia permiten determinar el porcentaje de asistencia de cada diputado es decir, cuántas son las licencias, licencias en comisión (en representación de la Cámara), bajas médicas o faltas que tiene cada diputado.

Varios diputados presentan bajas médicas casi cada mes con sospechosa regularidad, también hay algunos casos,especialmente de diputadas, que tuvieron extensas bajas médicas.

Durante los 16 meses evaluados, dos diputados no asistieron: uno por sentencia por violación de menores y otro por licencia sin goce de haberes con posterior renuncia, mientras se procesa su caso en la Comisión de Ética.