Para alcanzar esta jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debió sortear numerosos desafíos. Nos tocó partir del punto más traumático para un Órgano Electoral, un sistema político y una democracia: la anulación de su elección general. Un hecho excepcional, solo sufrido en dos oportunidades en América Latina en el siglo XXI. 

Aquella anulación se asumió en un ambiente recargado de tensiones sociopolíticas y regionales, inscritas en una polarización de raíces largas. En simultáneo a esa decisión, se colocaron los elementos para encarrilar una elección que generara la certeza de una elección indiscutible, la que exige la democracia, la que requiere el país. 

Por un lado, se definieron las reglas de juego específicas de los comicios de 2020. Por otro lado, se acordó la conformación de un Órgano Electoral auténticamente independiente, no sometido a ningún poder, autónomo con respecto a los intereses de los actores de la contienda.

Iniciamos el camino con un tercio de los tribunales departamentales en cenizas y con casi la mitad de la infraestructura electoral golpeada. Aún no nos hemos repuesto por completo, pero hemos paliado lo mínimo con el tesón de cientos de funcionarios que no rehuyeron el trabajo en condiciones sacrificadas. 

El daño excedía con creces la destrucción de edificios y computadoras. Afectaba el corazón mismo de la institucionalidad, colocada en un estado crítico. Comenzamos la reconstrucción, contando con la generosidad de los países amigos de Bolivia, canalizada principalmente a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Idea Internacional y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), que brindaron asistencia técnica y un decisivo impulso en la modernización del equipamiento tecnológico. 

Apostamos por la idoneidad y el profesionalismo de los funcionarios, así como por la elaboración e interpretación normativas que apuntalen derechos y libertades. Terminar esta tarea exige un horizonte temporal que supera los de un proceso electoral.

Dispusimos de un lapso breve para convocar la elección y procuramos, de entrada, hallar las respuestas para las fragilidades y las vulnerabilidades identificadas por las misiones internacionales y los actores locales en los comicios precedentes. 

Así, entre otras actividades, saneamos el padrón a partir de la inclusión, la actualización y la depuración de registros; redefinimos la cadena de custodia del material electoral, para una entrega y regreso controlados; acotamos la discrecionalidad de la propaganda oficial y alentamos la constitución de espacios de debate, tanto en el nivel nacional como departamental.

Esa ruta, de por sí escarpada, se abrió a lo desconocido cuando la pandemia del coronavirus irrumpió en el mundo y en el país, obligándonos a suspender la elección. Como tantos otros sectores, el Órgano Electoral ha pagado a la enfermedad un pesado tributo de dolor, incluso luto. 

Convencidos de que más que nunca debíamos apelar a los valores del diálogo y la concertación, tendimos puentes para consensuar una nueva fecha. Ciertamente, en ese momento, a fines de marzo, no previmos que en el país se instalaba una agria polémica, extendida durante casi un semestre, para fijar una fecha. Dialogamos con todos, con los otros poderes del Estado, las instituciones, los partidos, los movimientos sociales, las fuerzas regionales, atentos a lo conveniente para el bien común y la democracia.

 Nunca nos rendimos ante la adversidad y por ello, en tres ocasiones, con fórmulas y metodologías distintas, buscamos el acuerdo nacional para establecer la fecha de la votación respetando dos imperativos, ambos de igual importancia: la exigencia constitucional de que las autoridades estén elegidas y posesionadas en 2020 y preservar la salud pública cuando se desarrollara la jornada de votación. 

Así llegamos a la mañana del 18 de octubre. Honramos el compromiso del TSE: fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada de votación. Reflejo de una voluntad firme, entera, por responder al compromiso asumido con el país y la comunidad internacional, que, en tantas oportunidades, nos acompañó en la concertación. Destacamos el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Iglesia, además de contribuciones puntuales y valiosas de otras naciones.

En esos meses ríspidos, el proceso y el órgano electoral quedaron sometidos a ataques de noticias falsas, engañosas y medias verdades, de pasiones crispadas provenientes de múltiples frentes. Que las investigaciones académicas mostraran que la mayor cantidad de desinformación en redes sociales en la época de campaña se concentrara contra la autoridad electoral dice mucho sobre el período que se atravesó. 

Los pasamos por alto y los dejamos de lado, con templanza, porque nunca flaqueó la convicción de que Bolivia necesitaba la elección 2020 como condición indispensable para conservar la democracia y la convivencia pacífica. Si meditamos en la soledad, hasta el abandono, en los cuales, en los momentos críticos, quedó el proceso, llegar a la jornada de votación constituyó en sí mismo un logro mayor. 

Sin embargo, no era cualquier proceso electoral que necesitaba Bolivia, debía ser irreprochable en sus cimientos, en su quintaescencia. Tres principios rectores articularon al Tribunal Supremo Electoral. El primero, la seriedad técnica, aplicada a los aspectos organizativos, administrativos y jurisdiccionales, procurando sobrepasar el sinfín de complicaciones logísticas derivadas de la pandemia. Ella implicó también reconocer, en determinadas circunstancias, que algunas tareas inicialmente contempladas no podían ejecutarse sin suponer riesgos para el objetivo mayor de una elección segura, y debieron ser retiradas. 

El segundo, la imparcialidad política, manifestada en la equidistancia frente a las organizaciones políticas, en la suma de decisiones sin sesgo a favor o en contra de ninguna candidatura, indiferentes al fervor de las tribunas partidarias. La neutralidad puntillosa es compatible con una comunicación fluida con las organizaciones políticas, actores centrales del proceso electoral. 

Por último, la transparencia, traducida en una constante rendición de cuentas de las decisiones, hasta, y sobre todo, de las difíciles, de las que resultaban incomprensibles en ciertos momentos o para ciertos sectores. En paralelo, la sociedad y la comunidad internacional hallaron facilidades plenas para verificar cada una de las fases del proceso electoral. 

Con esos principios, preparamos la jornada electoral, que, asimismo, debió ser rediseñada con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud para que el ejercicio de los derechos políticos sea compatible con la protección general de la salud. Incrementamos los recintos de votación, extendimos el horario, segmentamos la jornada para un mejor flujo de la asistencia y distribuimos barbijos y alcohol en gel. Fue nuestra adaptación a la pandemia del coronavirus. 

Diferente en su organización, el día se mantuvo fiel al espíritu de nuestra mejor tradición: participativo, negando las predicciones del alza de la abstención. Con 88,4% de participación, los bolivianos marcamos el segundo registro más alto de la historia, y uno de los mejores de América Latina en el siglo XXI. Conservamos intacto uno de nuestros principales activos. 

Los jurados recibieron el sufragio de sus vecinos de barrio, localidad o comunidad, convertidos en los primeros garantes de la limpieza de la elección. Abrieron las ánforas delante de ciudadanos, delegados partidarios, periodistas, observadores locales o internacionales, quienes pudieron, con la misma libertad, fotografiar cualquier acta. 

Todos fueron invitados y ninguna puerta se cerró para observar el conteo límpido de las papeletas para presidente y diputados uninominales. Los jurados cumplieron una labor destacada y los subsanables errores de aritmética no empañan la honestidad de su labor que permitió que el resultado nacional se cerrara sin mesas anuladas. 

Las actas, debidamente protegidas, regresaron a los Tribunales Electorales Departamentales para el escrutinio y ser exhibidas en internet, tal cual como fueron remitidas desde los recintos, acompañadas de la transcripción de cada cifra. La suma de las actas, una por una, configuró el cómputo nacional, oficial y definitivo. 

El cómputo exigió paciencia y, entre las lecciones que retenemos, está mejorar el equilibrio entre la seguridad del cómputo y la celeridad en la entrega de los primeros datos. Concluimos un cómputo confiable y verificable, que privilegió lo prioritario: la certeza de que el resultado fuese auténtico, en apego a la legalidad y con rectitud ética. Al final, entregamos el cómputo presidencial más rápido de la democracia, en apenas 5 días, contra un promedio de 19 días para las tres décadas previas. 

En la mirada retrospectiva, apaciguadas las escaramuzas y asentada la polvareda, el país efectuará el balance sereno de lo fundamental, aquel positivo que ya esbozaron y saludaron las principales delegaciones de observación, como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Organismos Electorales de América (Uniore) o el Centro Carter, quizá porque miran las dinámicas con más distancia y objetividad. 

Nos queda una jornada de votación ejemplar, segura, tranquila y pacífica, escrutada sin restricciones por miles de ojos nacionales y extranjeros. Una jornada participativa, con un comportamiento comprometido y respetuoso de la ciudadanía, de unos con otros, con la democracia y con la salud colectiva. 

Igual de valioso ha sido un cómputo reflejo cabal de la voluntad expresada en las urnas, registro fiel de los votos. Constituye la garantía y el zócalo de resultados incuestionables sobre los cuales Bolivia posesiona autoridades con certeza jurídica y legitimidad social. Por eso, el resultado de la elección ha sido reconocido por los contendientes, en un gesto que los honra y enaltece; avalado por la comunidad internacional que desplegó misiones de observación que midieron la elección con la vara de los estándares de integridad electoral; aceptado por las plataformas de la observación local y por la sociedad, en un acto de madurez democrática, más allá de que los datos los complacieran o los decepcionaran. 

Se entregaron las credenciales a los parlamentarios, que integran una Asamblea que expresa el vigor social de un país diverso y rico en la gama de los posicionamientos ideológicos, que se sabe y se asume como tal, y que también es consciente de la imperiosa necesidad de converger en espacios donde se privilegie la concertación para enfrentar las múltiples crisis que acechan. 

Una Asamblea que, debe subrayarse porque forma uno de los principales capitales de la democracia nacional, se sitúa en la vanguardia mundial por el porcentaje de parlamentarias. Igualmente se entregaron las credenciales de Presidente y Vicepresidente a Luís Arce y David Choquehuanca, porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos. 

Con la culminación del proceso, avanzamos en la delicada reconstrucción de la confianza ciudadana en la autoridad y los procesos electorales. El camino aún es largo, porque arrastramos la rémora de pasados descréditos y susceptibilidades. Requiere exámenes adicionales, que se enfrentarán cuando lleguen. La próxima cita está ya fijada para 2021, con los comicios de gobernadores y alcaldes. 

Por último, fundamentalmente, la elección de 2020 cumplió su cometido central, aquel que se eleva por encima de nuestros yerros o falencias, de los ruidos, de las cosas pequeñas. En efecto, atrás quedaron los sombríos pronósticos de enfrentamiento y caos que aún horas antes de la jornada de votación angustiaban a las familias, la inquietud por un fracaso que desatara tormentas. 

Logramos un inmenso logro colectivo, con la contribución valiosa de todos. Cada silenciosa papeleta que cayó en el ánfora fue más que el mar que brama, cada voto fue un abrazo de reencuentro y más que eso. 

Gracias al proceso electoral limpio y transparente, afianzamos las bases de la democracia, reiteramos nuestra sólida convicción de querer vivir en democracia y en paz, proclamamos que, más allá de nuestros antagonismos y disputas, deseamos compartir un horizonte común. Tal fue la hazaña boliviana en 2020.