Por supuesto, el sistema tiene puntos flacos (como el del respeto que también merecen las minorías), pero es lo que hay y a lo que tenemos que atenernos, si es que queremos vivir en paz. Y en este caso la nueva ley que suprime la necesidad de dos tercios para la aprobación de leyes estratégicas puede ser objeto de críticas, pero no de la acusación de que se está suprimiendo la democracia…

Sin embargo, en estos días estamos teniendo que aguantar varios casos de irrespeto a la mayoría que se ha expresado en las urnas, ya sea por parte de organizaciones sociales, como por parte de personas concretas. Hemos tenido que soportar los discursos de una senadora, en los que de manera vehemente afirma que las últimas elecciones no valen porque estuvieron cruzadas por numerosos casos de fraude; pero por supuesto no nos explica cuáles fueron esos casos y qué pruebas tiene de dicho fraude.

Claro que puede haber habido fraude (y en nuestro país lo ha habido repetidas veces), pero al denunciarlo es imprescindible concretar en qué consistió dicho fraude: dónde ocurrió, quién lo protagonizó, y todo con datos concretos. Lo otro simplemente no es democracia.

Esa misma senadora, así como otros denunciadores del supuesto fraude, responsabilizan directamente del mismo al Tribunal Supremo Electoral y afirman con toda soltura que su presidente es hombre del MAS. ¿Aportan alguna prueba, o por lo menos los datos para una sospecha? Por supuesto que no, y todos sabemos que el actual presidente de dicho Tribunal es un hombre inteligente, políticamente independiente, y que juega limpio (y al que en buena parte debemos el satisfactorio desarrollo de las últimas elecciones, que incluye el informe positivo de los veedores inernacionales). En el fondo dicha senadora es incapaz de asumir su situación de minoría política y cree que puede cambiar algo inventándose acusaciones de fraude. Demasiado simple.

Otra cosa, totalmente aceptable, y complementaria con la democracia, es que se le pida al próximo presidente Luis Arce que responda a las acusaciones de la Procuraduría General del Estado, cuando ésta denuncia que el próximo Presidente tiene que responder de movimientos financieros por tres milllones de bolivianos sin ningún respaldo, como también de su responsabilidad (cuando era ministro) de un inaceptable derroche de fondos públicos; tanto más cuanto que Arce nos está presentando la dramática situación financiera en que se encuentra el país. 

Pero, al mismo tiempo, sin olvidar el gasto inadmisible de fondos públicos que hizo Evo (entre los que figura el gran edificio para el Ministerio de Economía, que Arce presidía, y de su lujoso amoblado con alfombras persas…).

No se trata de acusar gratuitamente a nadie, y menos de descalificar la próxima gestión presidencial, que en principio puede ser muy satisfactoria; de lo que se trata es de que las cosas queden claras y que toda la población pueda confiar en su nuevo Presidente. Pero una cosa es pedir explicaciones y exigir responsabilidad, y otra acusar gratuitamente.

Más lamentable resulta la actitud de ese grupo de mujeres cruceñas que están en contra del último resultado electoral y que en este momento —según dicen las noticias, ojalá fueran falsas— están solicitando a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado (no sabemos de ningún país donde se haya producido semejante ridículo).

La recuperación de la democracia tiene que ir acompañada de la recuperación de eso que se llama el sentido común. ¿O será pedir demasiado?