Luis Arce Catacora y David Choquehuanca son los candidatos electos para presidir Bolivia durante los próximos cinco años y gozan de legalidad y de legitimidad porque fueron respaldados por más de la mitad de los votantes en sufragio libre y transparente.

Esta elección histórica -con una participación ciudadana que pocos países logran en la región- fue posible por la rebeldía de la población, sobre todo jóvenes y mujeres, en octubre y noviembre de 2019, frente a la cantidad de irregularidades de los comicios de ese año. Fue gracias al sacrificio de miles de bolivianos y de su revuelta absolutamente pacífica y voluntaria, que en 2020 el país acudió a las urnas en paz, serenidad y sin amenazas desde el Estado.

Ese será el mejor legado histórico de la generación “pititas”, aunque toda la narrativa del “Socialismo siglo XXI” intentó enlodarla y negarla. Es el sello de los pensamientos autoritarios, como el estalinismo borrando de la historia rusa la figura de León Trotsky; o los militares colombianos asegurando que jamás existió la masacre de las bananeras en 1928; o el discurso de Luis García Meza aclarando que él tomó el poder porque Lidia Gueiler renunció.

Por ello, los sucesivos ataques al actual Tribunal Supremo Electoral llegan desde dos extremos, los llamados “duros” del Movimiento al Socialismo (MAS) y los derrotados de Creemos, quienes imaginaron una victoria nacional que no se sustentaba en la realidad. Importantes funcionarios de Gobierno y sus adláteres también se empeñaron en dañar lo que fue el mejor momento de la presidenta Jeanine Áñez y de la saliente Asamblea Legislativa Plurinacional: dar paso a un TSE técnico y mucho más institucional que los precedentes.

El pueblo boliviano agradece y agradecerá la valentía de Salvador Romero Ballivián, quien -como José María Bakovic en su momento- prefirió dejar la comodidad de un trabajo privado y tranquilo para aceptar el enorme desafío de reconstruir una entidad pública hecha pedazos.

Los ambientes dejados por María Eugenia Choque y José Luis Exeni olían a podrido, como pasó con otros recintos públicos después de vendavales de corrupción y manejos al servicio de intereses mezquinos. Cuando las máximas autoridades ejecutivas son responsables de tanto estropicio, como es el caso del TSE de 2019, es imposible que funcionen bien otras dependencias, sean las administrativas, las comunicacionales o las de servicios.

Romero, la vicepresidenta del TSE, Angélica Ruiz Vaca Díez y demás vocales prepararon elecciones que ahora son citadas como ejemplo para otros países. Todo ese esfuerzo en medio de la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra.

¿Fueron perfectos? Claro que no. ¿Fueron correctos y comprometidos? Seguramente que sí. Dejaron otras tareas, faltaron ajustes en las notarías, en los tribunales departamentales, pero cumplieron con la demanda de los miles de bolivianos que salieron a las calles y caminos en 2019 y como servidores públicos.

Ahora les tocan dos tareas inmensas: seguir el proceso contra los responsables del quiebre del 20 de octubre pasado y sus consecuencias; y organizar el próximo año otras elecciones libres y transparentes para cambiar gobernadores y alcaldes.

Esa será la prueba real para comprobar cuál es el grado de compromiso con el cambio y con una visión institucional y no partidaria del futuro presidente Luis Arce.

El actual TSE debe continuar como piedra angular de la reconstrucción nacional.