El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que en las próximas horas se trasladará a la sede de Gobierno para iniciar una huelga de hambre en puertas de la Asamblea Legislativa, exigiendo que se restauren los dos tercios de votos para aprobar temas de debate en las cámaras de Diputados y Senadores y para exigir el inicio de una auditoría a las Elecciones Generales, por denuncias de presunto fraude.
“Como Comité Pro Santa Cruz hemos decidido trasladarnos a La Paz e iniciar una huelga de hambre en las puertas del Congreso Nacional, exigiendo que se respete el estado de derecho en nuestro país, restableciendo los dos tercios y que se realice la auditoría a las elecciones. Convoco a las autoridades democráticas en general, a las fuerzas políticas de la oposición, que defiendan el voto y la confianza del pueblo, depositada en ustedes, uniéndose a esta lucha pacífica, pero valiente”, declaró Calvo, a través de un video publicado en la cuenta Twitter del ente cívico.
Así mismo, llamó a los activistas, a las plataformas, a los jóvenes y a la ciudadanía en general, que luchó por la democracia, a que también participen de esta medida que se iniciará en la Sede de Gobierno, para lograr entre todos, “una mejor Bolivia, sin dictadura, con libertad y con justicia”.
“Y mientras se realice ese peritaje, no puede haber sucesión de Gobierno”, demandó. Se tiene previsto que los actos de transición del mando presidencial del Gobierno transitorio de Jeanne Áñez al presidente electo Luis Arce y el vicepresidente electo David Choquehuanca, se realicen el 8 de noviembre próximo.
Las demandas
Calvo criticó que “la dictadura el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, de manera abusiva e ilegalmente, haya eliminado los dos tercios del reglamento de la cámara de Diputados y Senadores. “Con está amañada decisión, dejan sin voz y sin voto a las minorías democráticas de Bolivia en la Asamblea Legislativa y le da vía libre al MAS para el totalitarismo”, aseguró.
El miércoles, el Comité Cívico planteó un Amparo ante la justicia, donde presentó unas 400 actas electorales como pruebas tangibles, de un posible fraude electoral el 18 de octubre. Por ello es que exige una auditoría externa y objetiva a las elecciones.