La sorpresa electoral del pasado 20 de octubre muestra características llamativas del tiempo político boliviano. Estas características revelaron particularidades históricas y sociales, en una dinámica que no deja de ser preocupante para el país. Las características, referidas a la coyuntura corta (octubre 2019 – octubre 2020) y a los electores, nos hablan tanto de votantes volátiles como del voto oculto (para las encuestas). Ello, respecto a la coyuntura corta que nos remite al tiempo político en el que se mueven los votantes; tiempo distinto al tiempo cronológico de la política. En este marco evaluaremos las revelaciones y los motivos de preocupación, que deja el evento electoral.

Inicialmente aclaremos algunos supuestos sobre los que desarrollaremos este artículo. En principio recordemos que el telón de fondo de todo el proceso político boliviano está dado por la disputa hegemónica, iniciada a principios del presente siglo, entre las tradicionales clases dominantes y las clases emergentes, impulsadas principalmente por las élites campesinas. Esta disputa se opera en el contexto de una alta acumulación democrática, alcanzada por la sociedad boliviana. Resulta conveniente, para esta ocasión, analizar a esta sociedad bajo las diferentes comprensiones de la democracia que tiene. En unos votantes predominó la comprensión de la democracia como la defensa de las libertades individuales y en otros, aquella de la defensa de las libertades colectivas; esta comprensión, visto desde la democracia representativa, tiene el riesgo de derivar hacia la democracia autoritaria.

Agreguemos, por otro lado, que la acumulación democrática histórica no contradice la afirmación acerca de la falta de tradición ideológica, programática y partidaria, en el electorado boliviano. Entre ambos supuestos y la aparente contradicción que presentan media la distinción entre la expresión histórica que se concretiza en una inclinación electoral y la irrupción de la coyuntura, como elemento explicativa del cambio de apoyo electoral a otra opción electoral, a la que se prestara en el pasado inmediato. En tercer lugar tampoco puede obviarse el respaldo subterráneo del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, para motivar el respaldo electoral en algunos sectores de votantes del Movimiento al Socialismo (MAS), dada la gran influencia que el crimen organizado ejerciera sobre la anterior gestión de gobierno del MAS. Esa influencia explica, en última instancia, la desinstitucionalización estatal que entonces impulsó ese partido, para beneficio de la expansión de las actividades delincuenciales. Ello se manifestó en la formulación de débiles controles de fiscalización económica a sectores sociales, como los productores de coca del Chapare, ligados al circuito del narcotráfico.

Más allá de ello, el resultado electoral reveló las diferentes profundidades históricas presentes en la base de la motivación de la preferencia electoral; claro está que la explicación desde la historia no ignora, como factor coadyuvante para el resultado electoral, la franca ineptitud e incluso impericia profesional en materia de campaña electoral, de Comunidad Ciudadana (CC), principal contrincante del MAS. La acumulación democrática remite a distintas profundidades históricas, cuyas raíces estarán, en un caso, ancladas en el lejano pasado (lo cual explica el asidero de la falsa dicotomía racista expandida por el MAS, particularmente en el área rural) y en otro, en el pasado inmediato. La revelación, en lo social, nos habla del inicio de nuevas articulaciones sociales y políticas. De estas destacan las que tanto el MAS como Creemos (del exdirigente cívico cruceño, Camacho) muestran.

Así, la pérdida de convocatoria electoral del MAS, en octubre del 2019 y su recuperación un año más tarde, está mediada principalmente por la activación de la memoria asentada en distintas profundidades históricas. Este mismo razonamiento es válido a la hora de la evaluar a CC y su candidato, Carlos Mesa. El que la poderosa convocatoria electoral de éste, hace un año, deviniera en una reducción sorpresiva, nos dice que en el electorado efectivamente se han activado distintas profundidades históricas de la memoria. Es sobre esa comprensión que debe evaluarse el sentido de las estrategias de campaña desarrolladas por cada uno de los partidos. Si la explicación de la memoria y la historia hablan de la variación de la preferencia electoral, no lo hacen acerca de la consistencia de cada uno de los núcleos sociales de esos dos partidos. Nos referimos al inicio de emisiones discursivas e ideológicas de cada uno de estos núcleos, en la disputa por la hegemonía. Con todo, en el movimiento tanto de la pérdida como de la recuperación de electores se manifestó la activación de la memoria histórica corta, reciente, en tanto fundamento del carácter volátil de una importante porción del electorado. Si, en esta consideración, hace un año el gobierno corrupto y autoritario del MAS provocó que ese electorado girara hacia Carlos Mesa, la ineficiente y corrupta administración de Janine Añez en el último año ha contribuido a que ese electorado nuevamente girara hacia el MAS. ¿Por qué? Porque tanto Mesa como Añez (además de Camacho, claro, pero de poca incidencia en el hecho puntual que vemos) eran las expresiones anti-masistas de mayor notoriedad, por lo que la asociación de ambos, a los ojos del votante volátil, resultaba fácil.

La incapacidad de Carlos Mesa para mantener siquiera la votación alcanzada hace un año refleja, además de la ineptitud por diseñar una estrategia electoral consistente, el fracaso de un estilo, de una práctica política. Se trata de la inutilidad de añejas prácticas señoriales, basadas en el ensimismamiento, en el alejamiento fáctico respecto a los grupos sociales y en la toma cupular de decisiones. En su momento llamamos la atención al respecto, cuando CC, en lugar de sumar aliados y ampliar su base de apoyo, optó por desprenderse de los pocos con los que contaba, como “Solbo”, del alcalde de La Paz, Luis Revilla. Ese irracional comportamiento solamente puede entenderse si se tiene en consideración la mentalidad “rosquera” (rosca, bolivianismo, referido a minúsculos grupos de privilegiados) de CC, vigente en este país desde siempre en todos los sectores.

Así las cosas, las pasadas elecciones mostraron la capacidad de convocatoria que las clases sociales en pugna por la hegemonía, exhiben. En este sentido, las referencias serán el MAS y Creemos, en tanto representativos, respectivamente, de las élites campesinas y los grupos agroindustriales. CC, que el año pasado había logrado aglutinar con relativo éxito la voluntad democrática de estos últimos, junto a la de importantes sectores populares disconformes con el gobierno del MAS, proyectaba la posibilidad de la superación del esquema dicotómico de la disputa hegemónica. Si estuviéramos en una exposición académica, diríamos que mientras el MAS y Creemos expresan la intención de la construcción de hegemonía a partir de una porción de la sociedad sobre la diversidad, CC expresaba la posibilidad -válida para sociedades abigarradas- de la construcción hegemónica no a partir de un parte de la sociedad sino a partir de la diversidad, que es propio de este tipo de sociedades. Esa posibilidad ni siquiera ha sido vislumbrada y por tanto, menos explorada por CC, porque simplemente no forma parte de la mentalidad rosquera predominante en el grupo de amigos que forman la dirección de esta agrupación política.

En tal sentido, añadamos, los resultados electorales revelan también potenciales peligros para la estabilidad política del país. Como vimos, el proceso boliviano mantiene pendiente la cuestión de la hegemonía. Aquellos resultados reflejan esa disputa, por lo que, dada la dinámica socio-política natural en toda sociedad en la que debe dilucidarse la hegemonía, las perspectivas de una polarización social y política son muy ciertas. Esa tendencia cuenta hoy con apoyadura institucional -las bancadas parlamentarias-, lo que facilita la radicalización del proceso, en términos de su polarización. Debe tenerse siempre en cuenta que se trata de una disputa hegemónica, que en una perspectiva dicotómica no se resuelve con meros llamados a la unidad, sino por medio de la articulación, de los sectores intermedios, en torno a uno u otro polo.

Para la consideración de este proceso, tampoco puede obviarse el impacto de la crisis Integral, que deja tras sí la pandemia del coronavirus (covid-19). En ese orden entendemos que la situación convoca a la toma de posición a los núcleos sociales polares, en disputa hegemónica. Disputa hegemónica, crisis Integral y apoyadura institucional, conforman los elementos para que las manifestaciones de la crisis Integral se agudicen en todos los órdenes de la vida social. En perspectiva, el peligro que el MAS retome las prácticas autoritarias y antidemocráticas es una posibilidad latente. Pero, hay que decirlo también, el recurso autoritario tendrá poca utilidad para la preservación de la gobernabilidad. Se entiende que la gobernabilidad no únicamente se refiere a los apoyos que, desde el parlamento, podría brindarse al gobierno ni, en sentido inverso, a las manifestaciones sociales de apoyo gubernamental, que la prebenda y la corrupción podrían fabricar con recursos económicos. En lo principal, la gobernabilidad es consecuencia del acatamiento a las políticas oficiales, tanto por parte de la sociedad como por las fuerzas políticas nacionalmente representativas. Aunque el desideratum de la gobernabilidad radica en la relación de conformidad entre Estado y sociedad, el supuesto para ello es que hablemos de un Estado con capacidad de mediación institucional y no de un aparato estatal desinstitucionalizado, por un lado y por otro, de una sociedad que no se encuentre en los inicios de un proceso de polarización. Además, la gobernabilidad requiere que el Estado no se encuentre bajo la presión del crimen organizado, ni que en el partido de gobierno (el MAS), el crimen organizado tenga influencia en la toma de decisiones políticas.

Precisamente otro de los peligros proviene pues de la presencia del crimen organizado. Como señaláramos en varias oportunidades, la anterior gestión de gobierno del MAS -del cual los hoy gobernantes electos, Luis Arce y David Choquehuanca, eran piezas claves- se ha caracterizado por la casi ilimitada práctica corrupta y delincuencial, desinstitucionalizando al Estado y subordinándolo a los requerimientos del crimen organizado. Narcotraficantes, de talla internacional, entraban y salían de Bolivia “como Pedro por su casa” mientras las autoridades migratorias fingían no darse por enteradas; narco-terroristas participaban a sus anchas, con la cobertura del MAS y la dirigencia sindical corrupta, en los conflictos sociales nacionales. Todo ello habla a las claras de la peligrosa tendencia (momentáneamente interrumpida) de funcionalizar al Estado boliviano a los intereses del crimen organizado. Entre uno de esos intereses se encuentra la creación de bandas criminales armadas, a título de milicias “populares”; algo que el exdictador, Evo Morales, en el extravío de su delirio alienta desde su refugio en Buenos Aires.

Por estas razones los niveles de inseguridad jurídica vuelven a escalar, al grado de desalentar inversiones privadas, precisamente en los momentos en los que éstas son muy necesarias. Pero al mismo tiempo y dado el cuadro socio-político descrito, la eventual retoma, por parte del MAS, de la estrategia de crear un Estado al servicio del crimen organizado, pondrá rápidamente en pie a la resistencia nacional-democrática.

A ninguna sociedad se le puede pedir que, a título de decisión democrática mayoritaria, se resigne a entregarse a manos del crimen organizado. Ni siquiera puede hacérselo con el argumento-chantaje, de la observación de la comunidad internacional, sobre la vida democrática nacional. En esta perspectiva, los riesgos aumentan con el pedido de la formación de milicias armadas; lo que no significa sino el desplazamiento, en último término, de la policía nacional y de las Fuerzas Armadas, de las funciones coercitivas del Estado. No podría esperarse de estas instituciones acatamiento alguno a tales despropósitos, bajo el pretexto del respeto a las órdenes de un gobierno democráticamente elegido, ya que ello significaría asistir a su propio sepelio institucional.

Claro que las cosas no tienen por qué llegar a estos extremos. Ello dependerá ciertamente del rumbo que el nuevo gobierno del MAS decida tomar y en este campo encontramos, al menos, tres alternativas. Primera, la de continuar con los esfuerzos del exdictador Morales para poner al país todo al servicio del crimen organizado. Segunda, la de desandar esa demencial aventura y, al contrario, preservar la democracia y las instituciones estatales. La tercera alternativa puede sintetizarse en el lema de “quedar bien con dios y con el diablo”, es decir con los requerimientos del crimen organizado y con los de la recuperación de la institucionalidad estatal, junto a la preservación de la democracia. La viabilidad política de esta opción resulta, sin embargo, nula dado el estado de alerta nacional-democrática de la sociedad civil, así como de las principales instituciones nacionales del Estado.

A estas consideraciones debe añadirse la de los efectos de la crisis Integral. Estos efectos, en todos los órdenes de la vida social, influirán indudablemente en el ánimo de aquél sector electoral y social volátil, que en las pasadas elecciones girara nuevamente hacia el MAS. Por lo tanto, diríamos que la lucha por proteger al país del crimen organizado y defender la democracia coloca al MAS en una situación en la que la toma de iniciativas se ve grandemente condicionada por el crimen organizado, contrapuestas a las de una sociedad civil democrática, en estado de alerta.