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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: martes 29 de mayo de 2018
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
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Cansancio ciudadano
El gobierno dice que el joven Jonathan Quispe murió por una conspiración de “la derecha” con “el imperio”, que quieren derrocar al presidente Evo Morales.
La misma conspiración estaría detrás de los 20.000 cochabambinos que cantaron, a coro, “Bolivia dijo NO” en la inauguración de los juegos deportivos sudamericanos.
Y en el coliseo de Cochabamba donde, otra vez, se dio el mismo coro.
Hay otra lectura de estos hechos. Alude al cansancio de la gente, y no del imperio ni de la derecha, con los desatinos del gobierno.
Si resulta que el presidente no puede estar en una conferencia de prensa en Costa Rica sin que algunos bolivianos le hablen del 21-F, a gritos, no pueda estar en Suiza, ni en Asunción, ni en Nueva York.
El problema es que la impaciencia del pueblo no puede ser encauzada por el tradicional sistema de partidos políticos, porque no hay ninguno que la represente, o por lo menos la interprete.
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo que “nadie quiere derrocar al presidente”, sino que solamente se vaya del cargo en 2019.
La impaciencia ciudadana, sin embargo, quiere otra cosa. Es tan intensa como la impaciencia de los nicaragüenses, que quieren destituir a Daniel Ortega ahora mismo, o los brasileños, que apoyan el encarcelamiento de Lula da Silva, o los venezolanos, que quieren a Nicolás Maduro frente a un tribunal internacional.
Quizá haya que buscar las raíces de este descontento no en la derecha ni el imperio, sino en los errores del gobierno.
Nadie obligó a Evo Morales a construir un museo de 7 millones de dólares para marcar el lugar donde él nació, ni fue el imperio el que le dijo que construyera un palacio de 37 millones de dólares, con una suite de 1.000 metros cuadrados, baño con yacuzzi y bar con canilla abierta.
Ni la derecha boliviana ni el imperio le dijeron que gaste 953 millones de dólares en una planta de urea que no puede funcionar, o la separadora de Yacuiba, que costó 700 millones, con la misma suerte.
Los propios juegos sudamericanos no fueron sugeridos por la derecha ni el imperio, y menos los negociados que lo rodean, ni la ineptitud de quienes estuvieron a cargo de la organización, ni de quienes debían dotar de uniformes o zapatos a los deportistas bolivianos.
Quizá por eso y mucho más, el veredicto de la gente es inapelable y de aplicación inmediata.