«Le exijo al presidente electo que se pronuncie sobre este tema y le exijo que le pida a su bancada (…) que revierta esta decisión, que la decisión de modificar los reglamentos de la Cámaras de Senadores y Diputados sea revertida de forma clara, antes de la posesión presidencial», señaló Mesa.

El expresidente dijo que si el MAS insiste en mantener las modificaciones de forma arbitraria, la bancada de CC y su persona no participarán en la posesión de los mandatarios electos, programada para el 8 de noviembre.

En ese sentido, Mesa anunció que durante la envestidura, esa organización política interpondrá una demanda constitucional para que no se cambien los reglamentos del Legislativo.

«En el momento en que se esté produciendo la posesión del señor presidente Luis Arce nosotros estaremos firmando una demanda de carácter constitucional para que se revierta esta arbitrariedad», enfatizó.

Anoche, con los dos tercios que tiene el MAS en el Senado, se modificó 11 artículos del Reglamento de esa Cámara.

En tanto, los diputados del MAS también aprobaron, este miércoles, la eliminación de los dos tercios en su reglamento.

Estos ajustes generaron alertas desde la oposición, cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria.

La exautoridad expresó que no están dispuestos a permitir que antes de su posesión el nuevo gobierno asuma medidas «autoritarias», como lo hizo el expresidente Evo Morales.

«Esta es una decisión irrevocable de Comunidad Ciudadana si es que el MAS no da un paso atrás por pedido de su presidente electo, que tiene la posibilidad de revertir un pésimo comienzo con una pésima señal y no democrática, que no vamos a aceptar», indicó Mesa.

El expresidente afirmó que este hecho muestra cómo será el proceso político del MAS, el cual usa todo su poder, incluso antes de la instalación de la Asamblea.

«Esta es una situación intolerable y que no vamos a aceptar», aseguró el líder de CC.

En esa línea, el abogado y diputado de CC, Carlos Alarcón, explicó que el cambio de disposiciones en los reglamentos son un «atentado artero» a la democracia y al Estado de derecho y tratan de burlar el derecho que tiene la minoría de ejercer una efectiva fiscalización en el trabajo legislativo.

«Jurídicamente, no se tiene ninguna posibilidad de viabilidad porque se trata de una Asamblea Legislativa prorrogada más allá del mandato de sus funciones, que concluyó en enero de este año», aseguró Alarcón.

Denunció que se efectuaron cambios para bloquear la posibilidad de tener una actuación eficiente dentro del procedimiento legislativo y para fiscalizar ese trabajo, como el ascenso de las Fuerzas Armadas y de la Policía, la designación de embajadores y la designación de las comisiones especiales de investigación.

No obstante, aclaró que aún se mantiene la designación por los dos tercios de autoridades como: el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, el Contralor del Estado, así como la aprobación de juicios de responsabilidades y otras medidas.

El jurista precisó que la única competencia del Legislativo, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), era atender la emergencia del nuevo proceso electoral y la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus. «Tratar de acomodar y cambiar las reglas de juego para que, aprovechando su mayoría circunstancial de los dos tercios, traten de atar a la principal bancada y a la segunda bancada de oposición es un acto constitucionalmente antijurídico y reprochable democráticamente», dijo Alarcón.

El legislador afirmó que la medida es un atentado al pueblo boliviano, la Constitución Política del Estado (CPE) y el Estado de derecho.