Algunos grupos extremistas y oscuros personajes, que se niegan a respetar el resultado de las elecciones, no solo están agitando la narrativa del “megafraude” y alientan movilizaciones, sino que han dado un paso francamente sedicioso: buscan un “gobierno militar”. Las fuerzas democráticas del país y de la comunidad internacional deben estar atentas ante semejante desvarío.

Como fue advertido con anterioridad, grupos radicales vinculados con el Comité Cívico pro Santa Cruz —en particular la Unión Juvenil Cruceñista— no quieren aceptar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Sin importar que el proceso electoral haya sido incuestionable en su transparencia, ni que el MAS-IPSP haya ganado con mayoría absoluta de votos (muy lejos del segundo), estas personas cantan “fraude”, piden anular los comicios y, por si faltaba algo, van a tocar las puertas de los cuarteles.

El hecho plantea varias cuestiones. Una es la ausencia de cultura democrática en estos grupos, con predominio de jóvenes, que dicen defender la democracia, pero están dispuestos a echarla abajo si el resultado de las elecciones no les gusta. Otra cuestión, más preocupante, es que no tienen memoria de las dictaduras y de lo que implica un “gobierno militar”. Y sin duda es terrible la señal, más bien marginal, de una actitud autoritaria y antidemocrática que incluso puede vincularse con el fascismo.

Más allá de estos afanes aislados orientados a provocar un quiebre del régimen democrático boliviano en nombre del “orden” y con la bendición de Dios, es sintomático que quienes se atribuyeron la “defensa de la democracia” en los hechos de octubre y noviembre del año pasado, sean ahora los abanderados de un golpe de Estado. No otra cosa significa alentar, con pedidos, vigilias, oraciones, la instauración de un gobierno militar en el país. La buena noticia es que, siendo peligrosos, son grupos marginales.

Por mandato de la Constitución Política, además de defender la soberanía nacional y la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”. La Policía, por su parte, tiene la misión de “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”. En democracia ninguna de ellas como institución delibera ni participa en acción política. Incitar lo contrario es no solo antidemocrático e inconstitucional, sino sedicioso.

A pocos días de la posesión del binomio presidencial y de los asambleístas electos, puede preverse que la acción irregular de estos grupos extremistas que, derrotados en las urnas, acuden a los cuarteles, se extinguirá en sí misma. En todo caso, queda como tema de agenda pública la necesidad de blindar las instituciones democráticas, enseñar cultura política, impulsar una profunda e impostergable reforma de la fuerza pública y dejar de llamar “activistas” a quienes alientan salidas autoritarias.