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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 29 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Faltando apenas unas horas para que termine su gestión legislativa, el MAS decidió aprovechar sus dos tercios de votos para anular justamente el requisito de los dos tercios de votos con el objetivo de dar gobernabilidad al presidente electo Luis Arce Catacora, quien no logró ese tipo de mayoría en las recientes elecciones.
Si bien los dos tercios de votos se mantienen en la Carta Magna para hacer designaciones de altas autoridades del Estado, para autorizar juicios de responsabilidades y para aprobar la ley de necesidad de reformas a la Constitución, los legisladores salientes cambiaron sus reglamentos para decisiones que hacen al debate diario de las cámaras, para aprobar nombramientos de embajadores, para autorizar ascensos a generales.
Con esta maniobra de último momento, el MAS deja fuera de la concertación a Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, partidos con los que debería estar obligado a negociar para tomar decisiones por dos tercios de votos.
Esta manipulación muestra que el MAS seguirá siendo el partido poco democrático, excluyente y autoritario que fue durante los 14 años y que los llamados a la unidad y a la reconciliación de parte del binomio ganador, por ahora, sólo fueron retórica sin contenido.
La jugada es, cuando menos, ilegítima, porque se trata de una Asamblea que está de salida y que legisla para la nueva que está por venir con la intención de amarrarla a sus viejas mañas. El cambio de los reglamentos va a contramano de la voluntad popular que claramente estableció que el MAS debe concertar con las minorías. Eso, sin contar que los nuevos asambleístas ya recibieron sus credenciales, por lo que los actuales parlamentarios debieron clausurar sus sesiones e irse sus a casas.
Esta misma Asamblea que está de salida también se apresta a autorizar el juicio de responsabilidades en contra de al menos 20 autoridades del gobierno de Jeanine Añez, entre ellas, la presidenta, sus ministros, además de jefes militares y policiales, por los hechos de Sacaba y Senkata. Además, de haber aprobado una ley del arraigo que pretende impedir que estos ciudadanos salgan del país.
Como decíamos al inicio, la Asamblea estuvo marcada por la constante arremetida contra la democracia y contra el principio rector de la separación de poderes. El MAS convirtió al Congreso en un apéndice del poder de Evo Morales.
Un breve recuento de sus hechos oprobiosos nos lleva a recordar que esta misma Asamblea aprobó la reforma constitucional que permitía a Evo Morales postular a un cuarto mandato y que fue rechazada en el referendo del 21F.
Fueron estos mismos legisladores quienes luego nombraron a los candidatos a magistrados y tribunos, quienes posteriormente dejarían en suspenso varios artículos de la Constitución para que Morales pueda finalmente postular, tal como era su decisión.
Y, fueron los mismos congresistas que nombraron a los vocales del anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE), los que luego habilitarían la candidatura de Morales y cometerían el fraude electoral en su favor, dolo que fue certificado por la OEA y avalado por la UE.
Esta misma Asamblea es la que aplaudió a todos los ministros de Evo que fueron interpelados y que renunció a su rol fiscalizador previsto en la Constitución.
Todas esas decisiones fueron adoptadas por los dos tercios de votos que el MAS ostenta hasta hoy y que pierde desde mañana. Hay que recordarlo, es la Asamblea que estuvo dirigida por Álvaro García Linera, es el Senado que fue presidido por José Alberto Gonzales, Adriana Salvatierra y Eva Copa, y es la Cámara de Diputados que estuvo al mando de Gabriela Montaño, Víctor Borda y Sergio Choque. Todos ellos, salvo dos o tres excepciones, se van hoy a sus casas con el peso de haber contribuido al debilitamiento de la democracia boliviana.