El solo anuncio despertó apoyo y rechazo de algunos sectores de la población. A  pocos días para que el binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca llegue a Palacio comenzó a circular una serie de informaciones distorsionadas respecto al “temido” tributo. Hasta el momento, el electo Presidente dijo que no han definido el tema de la alícuota y tampoco el techo del monto que sería considerado para pagar ese impuesto.

El electo Mandatario, tras ganar las elecciones, señaló que el monto está en evaluación, que “puede ser entre 5 y 10 millones de dólares como patrimonio personal, en el que no necesariamente se sumarán los ingresos de la cónyuge, sino será personal. El porcentaje es algo que irá en ascenso”.

Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una base impositiva muy baja y que los ingresos por los tributos es mínimo.

Aplicar un impuesto a los que más dinero tienen sería una medida acertada, pero, sobre todo, tendría un componente altamente solidario con los menos favorecidos, pero también sería de gran contribución para el país que en estos momento se debate en una profunda crisis económica provocada por el mortal coronavirus y por los conflictos de octubre y noviembre de 2019 tras la anulación de las elecciones generales.

Si la idea del nuevo gobierno es captar más ingresos y se considera crear un nuevo impuesto, también sería conveniente que se  analice la situación de otros sectores que, pese a manejar grandes capitales de dinero siguen sin tributar ni un centavo.

Sería bueno que, a propósito del impuesto a la riqueza, las nuevas autoridades gubernamentales hagan una revisión de la política impositiva en todos los niveles.

El impuesto a los que más tienen ya se aplica en tres países de Sudamérica. Lo tienen en Argentina, donde la tasa impositiva va desde 0.5% hasta 1.25%.

En Colombia, tiene una tasa única de 1% para los patrimonios netos superiores a 1.5 millones de dólares, aproximadamente. 

El tercer país que tiene el impuesto a la riqueza es Uruguay, donde la tasa para personas físicas y núcleos familiares residentes en el país va del 0.4% al 0.7%.

Países como Chile y Perú también están analizando aplicar ese tipo de tributo para generar más ingresos, principalmente, ahora que también están soportando los efectos de la crisis económica derivada del COVID-19.

Esperemos que la definición de la alícuota y el grupo de nuevos contribuyentes sean determinados bajo criterios meramente técnicos y que ese tema no sea politizado, ya que, lamentablemente, eso sucede últimamente con todo en el país.