Frente a las sombras que se dibujan en distintos flancos, existen razones y experiencias que permiten alimentar la expectativa de que la percepción de amenazas y riesgos comunes puede ser el punto inicial de convergencia y de reencuentro.

Ese espacio está delimitado por la común necesidad de respuestas consistentes para enfrentar la enfermedad, la pérdida de empleos y las incertidumbres propias de esta era de pandemias, desastre ambiental y mentiras industrializadas que circulan a través de las avenidas y vericuetos de Internet.

La amenaza inmediata que confrontan los funcionarios electos, proviene del propio MAS, cuyos dirigentes tradicionales rechazan visceralmente el aviso de retiro que han recibido. Su retorno a la escena, con su apetito por acaparar sitios protagónicos y concentrar el mando, reforzará la advertencia de que son los mayores interesados en precipitar una salida anticipada y accidentada de sus colegas.

Los resultados han vuelto a demostrar que solo existe una organización política nacional. En realidad, más movimiento que partido, compuesto por una variedad de corrientes y estructuras, capaz de unirse frente a amenazas externas antes que por una visión ideológica compartida. Su mayor debilidad anida en el sectorialismo corporativista de sus componentes, que acentúa los egoísmos de grupo y obnubila la noción de bien común.

Por fuera de lo anterior, el reto inmediato proviene del recrudecimiento, o nuevas olas de la pandemia. Las concentraciones, de celebraciones o de descontento, han incrementado seriamente la posibilidad de que las cifras de contagios y muertes vuelvan a ascender.

La contestación indispensable pasa por incrementar y garantizar el abastecimiento continuo, seguro y accesible de insumos sanitarios básicos (antiinflamatorios, antivirales y moduladores inmunológicos, antisépticos y oxígeno), revirtiendo la inhumana especulación de precios, sostenida por una porción considerable de importadoras, laboratorios, cadenas de farmacias, clínicas y otros. No hay vacuna o medicamento milagroso que reemplace el cumplimiento de estas tareas.

Detener los abusos, garantizar la ausencia de bloqueos para la libre circulación de auxilio e insumos es tan importante como pagar a enfermeras, médicos, laboratoristas y todo el personal de primera línea, maltratado, basureado y postergado por los dos últimos gobiernos.

Igual trato que el personal de salud, merecen los bomberos que combaten los efectos de la política incendiaria, favorecedora de la exportación de productos no competitivos, al costo de nuestra salud y la destrucción de nuestras fuentes de vida y biodiversidad. La legislación que alienta e inflama la destrucción tiene que abrogarse sin demoras, ni vueltas y debe preceder a la vigencia de una pausa ecológica amplia y prolongada.

La reactivación económica, con empleos dignos, requiere de masivas inversiones en la deteriorada infraestructura vial, en obras de salud y educación, con plena participación ciudadana y bajo un estricto control social.

Pero la atención de la emergencia tendrá resultados efímeros y deleznables –como ha ocurrido con el retroceso de la pobreza y la desigualdad– si no es simultánea al inicio de una transformación productiva profunda que asuma el incontenible avance hacia la extinción de las fuentes tradicionales de ingresos, como los recursos hidrocarburíferos.

Crear las bases de una nueva matriz productiva y energética que nos permita enfrentar la nueva realidad con creatividad, ingenio y resiliencia es una dura obligación dura, pero impostergable. Nuestra sociedad puede enfrentarla con éxito, si se le presentan veraz y claramente los desafíos, lo que significa afrontar con valor y realismo que gran parte de las inversiones realizadas para planes industrializadores, propios de concepciones anacrónicas, son insostenibles y no tiene que erogarse un centavo más en maquillarlas y mantenerlas.

La base democrática para buscar y encontrar coincidencias es el respeto a la única Constitución de nuestra historia, basada en la deliberación, reflexión y debate colectivo. Hoy está suspendida por la sentencia que sirvió para contrabandear privilegios y amparar el fraude, convirtiendo las decisiones del Tribunal Constitucional en falsa fuente de legitimidad y legalidad.

Las impostergables reformas de la administración de justicia y las requeridas para detener la caída en picado de la seguridad ciudadana, empiezan con la anulación de la sentencia golpista 084/2017 de la reelección indefinida. Quien no lo entienda colocará su cabeza bajo la guillotina de la arbitrariedad.

La falla en comprender estas cuestiones elementales conducirá a que el descontento se extienda, incontenible, no solo entre los votantes adversos, sino entre los que definieron el surgimiento del nuevo Gobierno.