El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó y condenó toda manifestación, intención o acción que pretenda interrumpir el proceso democrático en Bolivia. Señaló que quienes están proponiendo una junta militar, policial y cívica, son grupos racistas y fascistas.

“No hay opción para ninguna junta militar, policial ni cívica sediciosa, que vulnere el orden constitucional y mucho menos, enervarla con argumentos sobre un supuesto fraude electoral sucedido el 18 de octubre de 2020 sobre el cual, no existe ninguna prueba documentada y objetiva”, declara un comunicado de la organización.

El Conade es una plataforma boliviana de participación civil que promueve la democracia plural y alterna, y en lucha contra todo sistema de perpetuación en el poder (dictadura), sin apoyar a ningún partido político en específico. Tuvo mucha participación en las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado, que pedía elecciones limpias.

Respeto a las elecciones

El Comité señala en su comunicado que, la voluntad popular se ha manifestado cívicamente el 18 de octubre de 2020 y la misma ha expresado una tendencia mayoritaria cuantitativamente clara como en el referendo del 21 de febrero de 2016, donde ganó el ‘No’, para rechazar o modificar el artículo 168 de la Constitución. “Nuestra obligación es respetarla”, afirma.

Entre tanto, aclara que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, no tienen ninguna potestad ni la capacidad de enfrentarse al pueblo, subvertir el orden constitucional e “inaugurar una aventura que ponga en riesgo el sistema democrático”.

“Las fuerzas que pretenden calentar las orejas de algunos sectores militares, policiales y cívicos, son grupos políticamente derrotados, antidemocráticos, fascistas, racistas y enemigos del pueblo boliviano”, apuntó el pronunciamiento del Conade, que está firmado por Rolando Villena, María Amparo Carvajal, Manuel Morales y Lucio Gonzales.

Ratificó su lucha por la defensa de la democracia, basado en cuatro principios irrenunciables: el respeto a la voluntad del pueblo, la defensa de la Constitución Política del Estado y la defensa de los Derechos Humanos, quedando absolutamente claro que sus integrantes y aliados no pueden transgredirlos.