La semana pasada, el procurador general, Pablo Menacho, informó de que pediría que se investigue a Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza, Freddy Escobar Rosas y Luis Fernández Fajalde por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la expulsión en 2004 de Non-Metallic Minerals, subsidiaria de la chilena Quiborax. Esta empresa le ganó al Estado un arbitraje ante el Ciadi por $us 48,6 millones.

Tras enterarse de que el caso ya llegó al Supremo, Mesa colgó en su blog un artículo en el que asegura que Bolivia es el mundo al revés y reiteró que tratan de demoler su imagen.

De trámite
El fiscal superior de la Fiscalía General, Gilber Muñoz, informó de que lo que ocurrió el 23 de mayo fue poner en conocimiento de la Sala Penal del TSJ el inicio de las actuaciones de investigación y después, dentro del plazo de 30 días, determinarán si se emite un requerimiento acusatorio o no.

El procedimiento de la Ley de Juicio de Responsabilidades establece que si la Fiscalía General encuentra materia justiciable en la investigación preliminar, solicitará al TSJ el trámite de autorización de juicio en la Asamblea Legislativa. El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, explicó ayer que la Fiscalía General presentó la proposición acusatoria ante la Sala Penal del TSJ, que emitirá el juicio de admisibilidad correspondiente para su posterior remisión a la Asamblea, que debe autorizar o no la sustanciación del juicio.

Por su parte, el expresidente escribió en su blog que “en el mundo al revés que ha construido el Gobierno del presidente Morales, No, quiere decir Sí. Independencia de los Órganos del Estado quiere decir dependencia de estos del poder supremo del presidente. Competencia política quiere decir guerra contra los enemigos. Pluralismo y derechos de la oposición quiere decir judicialización de la política y persecución a golpe de juicio de los adversarios”. 

Para Mesa, tanto la denuncia por Quiborax, como la investigación por la carretera Roboré-El Carmen, se dan porque el Gobierno lo cree un potencial contendiente en las elecciones de 2019 y no le cree que no quiere ser candidato. Asegura que en 2010 ya fue investigado y sobreseído, pero todo volvió a comenzar en octubre de 2015, cuando anunció que votaría por el No en el referendo del 21-F.