Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 26 de octubre de 2020
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Al grito de “auxilio militar” un grupo de 700 personas instaló una vigilia ante la Octava División del Ejército tras recorrer el centro de la ciudad. La concentración convocada por redes sociales demanda “un gobierno militar de transición hasta que se pueda realizar una elección sin fraudes”, explica uno de los manifestantes.
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Ante este pedido, diversos analistas y activistas en defensa de la democracia recuerdan que los principios constitucionales deben primar en el contexto de la convivencia social.
El director del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, no duda en calificar de “absurdo” el pedido y advierte que “están en contra ruta de la historia y del curso que sigue América Latina y el mundo”.
De igual manera, la activista y referente de Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza se muestra sorprendida puesto que “ni siquiera debería considerarse en un momento en el que el país está luchando para reestablecer el orden democrático”. Para la promotora de la lucha no violenta, “todas las acciones pasan por el respeto al voto ciudadano”.
Vaca Daza defiende las soluciones constitucionales que “deben primar sobre cualquier otra cosa si queremos una Bolivia democrática”.
De igual manera, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan antepone el Estado de Derecho como punto de partida. “La Constitución permite la aplicación de los mecanismos de orden democrático y confía en la soberanía del pueblo como la máxima expresión; y se ha expresado en el proceso electoral”.
La instauración de una junta militar, aunque tenga carácter transitorio, representa una violación de los principios constitucionales y supone un delito de sedición y conspiración por el desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas”.
Santistevan considera que la función de gobierno recae en las personas elegidas por voto popular mientras que las “Fuerzas Armadas tienen el deber de defender el imperio de la Constitución y la defensa del gobierno legalmente constituido”.
La participación de los militares en ejercicio en un gobierno “violenta la función principal de las Fuerzas Armadas”, explica el abogado constitucionalista. Además, explica que el país entraría en una difícil situación internacional puesto que un gobierno militar contradice la Carta Interamericana de la OEA por lo que implicaría “la condena internacional y el desconocimiento”.
El politólogo Daniel Valverde apunta a “grupos neoconservadores que están desconcertados por los resultados del voto electoral” como quienes alientan la medida. Considera que “su apuesta fue tan alta y radical que no ven otra opción que seguir radicalizando posiciones y discursos”.
Valora que, afortunadamente, “Santa Cruz ya superó esas posiciones políticas propias de un reducido grupo de nostálgicos pero que, ante la confusión, contagia a personas desinformadas”.
