La injerencia política ha estado a la orden del día; ni siquiera la iniciativa de elegir por voto popular del pueblo a los magistrados sirvió para que el Poder Judicial cumpla su verdadero rol y actúe con independencia y transparencia.
El anterior gobierno y este lo saben bien, no por nada admitieron en su momento que la justicia es poco menos que el “talón de Aquiles”. Sin embargo, prometieron hacer mejoras, las mismas que nunca llegaron.
El electo presidente de Bolivia, Luis Arce Catacara, ha reconocido que la justiciia es una deuda que tienen como Movimiento Al Socialismo (MAS). “No le estamos prestando un buen servicio de justicia al pueblo, nos equivocamos con la elección de las autoridades judiciales por el voto. Hay que volver a lo meritocrático, pero no al cuoteo de jueces y fiscales de los años noventa”, dijo en una entrevista tras conocerse el triunfo del binomio masista.
Los bolivianos están cansados de peregrinar semanas, meses y hasta años para que algún fiscal o juez los atienda y que entable los juicios que sean necesarios. Ahora, los litigantes, por ejemplo, son víctimas de algunos jueces y otro personal del Poder Judicial que solo atienden sus casos si es que les llega una “coima”.
En los últimos tiempos, la justicia se convirtió en un “botín político”, donde, con razón o sin ella, fueron procesadas, juzgadas y sentenciadas algunas autoridades que no comulgaban con el partido en función de gobierno. Se dio en el MAS y también en la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
Arce anunció que se aplicará la meritocracia (se considera la capacidad individual, espíritu competitivo y valores) para elegir a los jueces y fiscales como sucedía en la década de los noventa, pero, aclaró que no se volverá al cuestionado “cuoteo”.
Bolivia tiene leyes que incluso son vanguardia, pero el problema es que no son aplicadas de manera correcta. Es bueno saber que el electo Presidente reconoce que la justicia es una deuda pendiente y que eso debe cambiar. Sin embargo, hay que ser conscientes de que se tiene que separar los poderes del Estado; la justicia debe ser independiente y los que la administran también deben estar preparados y capacitados para administrarla.
Sin lugar a dudas, cambiar la percepción que tienen los bolivianos sobre la justicia será un trabajo arduo y prolongado, pero, es momento de hacerlo. Arce dijo que es una deuda y la misma debe ser “pagada” en su gobierno. ¡Basta de injusticia!, ¡basta de chicanas!, ¡basta de injerencia política!
