El exmandatario salió nuevamente en el contexto público luego que la Procuraduría General del Estado presentara una denuncia judicial en su contra por el fallo en el caso Quiborax.

Ante ello, Mesa sostuvo que estas acciones son impulsadas sin fundamento, por considerarlo un enemigo político y aseguró que el Gobierno de Evo Morales vive en un mundo al revés. 

"Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del gobierno del presidente Morales con relación a mí, la petición del Procurador General del Estado, para que la Fiscalía inicie una investigación en mi contra en el caso Quiborax, que se añade a la investigación manipulada por la presidenta de la Comisión Mixta (Susana Rivero) por el caso Camargo Correa, les confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de mi imagen", dijo.

Es importante señalar que en referencia al caso de la empresa chilena Quiborax, el procurador Pablo Menacho, informó que el 22 de mayo pidió a la Fiscalía General abrir una investigación en contra de Mesa y tres de sus ex ministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su gobierno supuestamente se incumplió normas y eso derivó en la demanda internacional de la empresa Quiborax contra el Estado boliviano.

Por su parte, Mesa defendió su decisión de expulsar a esta empresa en 2003, recordando que la misma se estaba aprovechando de la explotación de ulexita en el salar de Uyuni, e incurrió en infracciones como negarse a dar información a Impuestos Nacionales, declaraciones fraudulentas de su exportación y daño económico al Estado.

"El Procurador ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo, en la desastrosa negociación llevada a cabo por la Procuraduría del Gobierno del presidente Morales, que (ahora) obliga al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la compañía chilena Non Metallic Minerals-Quiborax, empresa que invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales en el Salar de Uyuni", remarcó.

Asimismo dijo que el actual Gobierno funciona "en un mundo al revés", porque las nacionalizaciones que él hizo y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones, además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario; mientras la expulsión de una empresa chilena y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, deben ser investigadas y tipificadas como delitos.

Por otra parte, denunció que el Procurador, al justificar su solicitud de inicio de un proceso, ha afirmado que su decreto fue "ilegal".

Pero "es una mentira flagrante que contradice el texto de la Procuraduría que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional de 16 de septiembre de 2015 en su página 71, dice textualmente: Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (Mi DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (Del demandante)", destacó.

Por tanto, "si el Gobierno del Presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas", apuntó.