El Movimiento al Socialismo (MAS) consiguió un contundente triunfo en primera vuelta. El resto de las fuerzas políticas protagonizó, en cambio, un escandaloso fracaso electoral, y sus líderes, antes de esconderse, tendrían, ahora, que tomar iniciativas dirigidas a sosegar la frustración de sus electores.

Esa frustración de algunos sectores ciudadanos es materia propicia para encender los ánimos con propósitos que no son evidentes, pero que no pueden ser edificantes ni favorables a la democracia, pues las intenciones nobles y constructivas se las proclama sin disimulo.

Hace un par de días, en este mismo espacio, reflexionábamos acerca del perturbador impacto que pueden tener los mensajes engañosos difundidos por las redes sociales y la responsabilidad que tienen los usuarios al participar activamente a difundirlos. Responsabilidad que debiera manifestarse en la preocupación por verificar la veracidad de los contenidos que se reenvían.

Al observar esta dinámica de intoxicación informativa que intenta propagar el descontento y  la duda, surge, al menos, una pregunta inevitable y necesaria para determinar la actitud correcta que corresponde observar a todo ciudadano responsable. Y esa pregunta es: ¿Qué representatividad tienen los que alientan el conflicto?

Por un lado, está el comité cívico cruceño y, por otro, algunas personas que lideran grupos de acción callejera surgidos en la convulsión poselectoral del año pasado. En el primer caso, sorprende el aplomo con el que su presidente se arroga la representación “del pueblo”, y lo evoca para exigir cuentas al Tribunal Supremo Electoral acerca de su desempeño en la realización de los comicios. Un desempeño que no ha merecido críticas de ninguna misión de observadores, más bien todo lo contrario.

Es más, si el pretendido fraude existiese, correspondería a los partidos perdedores denunciarlo y hacer públicos los indicios. Pero nada de eso ocurre, Comunidad Ciudadana, el segundo más votado, reconoce los resultados de los comicios y Creemos, el tercero, aunque no se ha manifestado en el mismo sentido, tampoco lo ha hecho en el contrario.

Así, es deseable que quienes insisten en invalidar –mediante el desprestigio y la acusación de fraude– la decisión democrática que han tomado los electores en las urnas asuman con seriedad su responsabilidad de ciudadanos. O demuestren lo que denuncian con tanto afán, pero sin argumentos.