El peritaje constató que la trayectoria del proyectil fue de arriba hacia abajo y evidenció que fue disparado desde una cercana pasarela sobre la avenida Juan Pablo II, lugar desde donde los manifestantes lanzaron canicas con petardos en contra de los policías; una de ellas impactó en el cuerpo de Jonathan.

Empero, lo grave es que antes de que el lamentable deceso del universitario alteño fuera comunicado oficialmente, voceros de los partidos opositores de derecha utilizaron las redes sociales para responsabilizar al Gobierno de “un muerto más para el MAS”.

Por ejemplo, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, en un tuit publicado a las 15.31, lamentó que “nuevamente se derrame sangre alteña”. Si bien el forense estableció que Jonathan falleció a las 13.45, el informe oficial se conoció después de las 16.00.

 
Otros opositores, como Amílcar Barral y Samuel Doria Medina, también aprovecharon las redes sociales para lanzar ponzoña y acusar al Gobierno “del asesinato en represión policial” del estudiante de la UPEA. 

No es la primera vez que la oposición opta por la violencia. Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el pasado, un mecánico murió en Colomi impactado por una canica, tres personas fallecieron en los Yungas, y en el conflicto de Achacachi, policías fueron atacados con canicas disparadas con petardos.

Además, los hechos desvelan una lúgubre coincidencia: los conflictos fueron precedidos de reuniones de Doria Medina con los cabecillas. Ocurrió con el dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y ahora con el rector de la UPEA, Ricardo Nogales.

Las mentiras y calumnias de una oposición que acusó sin pruebas —como siempre— a la Policía y al Gobierno del deceso de Jonathan, que busca muertos en las movilizaciones sociales, que quiere convulsionar el país y desestabilizar al Gobierno, debe y tiene que ser rechazada por el pueblo.