Uno de los postulados que movió la Revolución Nacional de 1952 fue el de la alianza de clases promovida por los grupos de izquierda de esa época. De esta manera tuvieron una activa participación en las decisiones de gobierno los hijos de antiguos oligarcas y hacendados, intelectuales, obreros, mineros y campesinos. En un país tan heterogéneo como Bolivia, es lo que habría que proponer nuevamente.

En las últimas elecciones, en grandes líneas, el electorado se dividió en dos: los miembros de la clase media y alta que apoyaron a Comunidad Ciudadana (CC) y la clase media para abajo que apoyó al MAS. Cuando nos referimos a las clases sociales en Bolivia, tenemos que combinar criterios económicos con consideraciones étnicas y culturales y también con el análisis de la desigual distribución de oportunidades educativas y laborales. 

Siempre van a existir clases y grupos sociales, pero lo que llama la atención actualmente es que la clase media y alta que tenía su candidato no haya hecho el mínimo esfuerzo para acercarse al otro grupo social y estructurar propuestas para atraer a sus electores. No se trata solamente de un problema de deficiente estrategia electoral, creo que es un problema mucho más profundo. En las últimas décadas, la clase media se ha distanciado del otro grupo social y, se puede decir, de Bolivia.

 Una buena parte de sus miembros no muestra interés por conocer cómo piensan los campesinos o los trabajadores urbanos, mucho menos por conocer los problemas que les preocupan. A pesar de que en Bolivia hay estudios sobre todos los temas, por ejemplo, sobre la situación de los indígenas, los problemas de la agricultura, el trabajo informal, la pobreza, las dificultades de los sistemas de educación y salud, etcétera, muchos miembros de la clase media y alta los ignoran o tienen pereza de leerlos. Está vigente aún el sentimiento colonial de creer que los conocimientos vienen con la posición social o que algunos nacen sabiendo todo y que no necesitan leer ni estudiar.

En el lado de la población relegada se alimenta cada vez más el sentimiento de exclusión y de injusticia, lo que lleva a sus miembros a mostrar actitudes de rechazo hacia la clase media y alta. Es importante preguntarse el porqué de ello, incluso cabe preguntarse por qué tardaron tanto tiempo en reclamar sus derechos. Esperemos que con la sabiduría que ha caracterizado a nuestra historia, este problema pueda ser entendido en su verdadera dimensión y que reciba la respuesta adecuada.

La agudización de la brecha entre ambos grupos sociales puede llevar a un gran conflicto social en los años que vienen. El nuevo gobierno tiene que adoptar políticas que lo impidan, fomentando un mayor acercamiento entre los unos y los otros. Hay experiencias en otros países sobre cómo lograrlo a nivel barrial o local, pero lo más importante es disminuir la desigualdad de oportunidades. 

Entre las políticas en este campo están el mejoramiento de la calidad de la educación en áreas rurales y periféricas, pues en la situación actual un joven que egresa de ellas no tiene las mismas oportunidades que los jóvenes que salen de escuelas urbanas. Ello requiere un esfuerzo muy importante que comienza con la formación docente, la adecuada asignación del personal e infraestructura básica.

Una segunda política es la de promover la transferencia de tecnología productiva al campo a través de una institución como el antiguo IBTA y unidades de extensión y experimentación agrícola. Una tercera política se refiere a la promoción de la transformación industrial de los productos de la tierra. Esta puede hacer parte de un esfuerzo más grande de promoción de la industria en Bolivia a partir de un esquema similar al que tuvo la Corporación Boliviana de Fomento.

Un dominio que generó muchos conflictos en el pasado inmediato es el de la administración de la justicia. Los cambios positivos que el nuevo gobierno pueda realizar contribuirán también a la paz social. Sin duda, será una tarea difícil pero que es necesario emprenderla, pues necesita: a) modificar instituciones y procedimientos, b) despedir al personal corrupto, c) mejorar el nivel de preparación de jueces y fiscales, d) dar por concluidos todos los procesos por delitos o faltas menores y evitar encarcelar a sus presuntos culpables.