Como muchos ya lo han dicho, indudablemente la mala gestión del Gobierno transitorio es una razón. La corrupción en tiempos de pandemia no solo se ve como una infracción, contravención o fechoría, sino como crimen, como un delito de carácter inhumano. Además, el hecho de que la Presidenta transitoria se haya postulado como candidata, le impidió tener una gestión gubernamental más lúcida y objetiva.

En la actual crisis económica, el recuerdo de una economía estable es otro factor importante. 14 años de bonanza permitieron, además, a muchos sectores anteriormente ubicados en el umbral de pobreza, engrosar –aunque en su mayoría dentro del sector informal– una “clase media” ascendente con mayores estándares de consumo. No importa que no se hayan podido generar reformas estructurales que permitieran una mayor industrialización y la reducción de la dependencia del sector extractivista, ni que se haya podido desarrollar –en tantos años– una infraestructura sanitaria y un proceso educativo de calidad, motores centrales de cualquier mejoramiento sustancial de calidad de vida.

La creciente fragmentación del tejido social y la imposibilidad de construir una propuesta de país incluyente, es otro de los motivos que pueden explicar este resultado. Después del conflicto de octubre de 2019, quedamos como una sociedad totalmente desestructurada en la cual, la estrategia de profundización del racismo fue exitosa. De una y otra parte, nos volvimos cada vez más intolerantes frente al “otro”, al que vimos como enemigo y que a menudo menospreciamos. Para muchos electores, el actual escenario apareció como un retroceso en las conquistas de inclusión social que se viven y profundizan desde 1952, principalmente, desde las reformas de segunda generación de la década de 1990. Así, el voto representa también un reflejo de estos miedos, azuzados en muchos casos por noticias falsas divulgadas en las redes sociales y cuyo objetivo principal es la desinformación.

Por último, más que ausencia de un real proyecto alternativo al del MAS, los resultados electorales dan cuenta de una confrontación entre diferentes visiones de país.

Po un lado, una, minoritaria y que se basa en la idea occidental de democracia, sustentada en la separación e independencia de los poderes, el ejercicio ciudadano “autónomo”, con representantes que deben cumplir (y no quedarse en lo meramente discursivo) sus promesas electorales, y ciudadanos capaces de participar activamente –y en el marco de un acuerdo institucional– en la construcción de un bienestar colectivo.

Por otro lado, varias propuestas –las ganadoras–, sustentadas en intereses corporativos, grupales específicos o regionales que, en lugar de apostar a la conciliación y al trabajo conjunto, buscan la imposición de sus hegemonías (culturales, políticas, sociales) sobre los vistos como minorías, que se vuelven, cada vez más desechables.