Además, señaló que “en realidad” el Ministerio Público debería investigar y acusar a los procuradores que llevaron adelante una “lamentable defensa” durante el Gobierno de Evo Morales, entre ellos figuran Hugo Montero y Héctor Arce.

El pasado jueves, el procurador Pablo Menacho responsabilizó a Mesa y a tres de sus exministros por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra de Bolivia que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión en 2004.

El expresidente criticó la celeridad del Ministerio Público que en “tres días ha ‘valorado e investigado’ un caso tan complejo y delicado. El indicio es muy claro, liquidar vía judicialización de la política a Carlos D. Mesa”. Sin embargo, dijo que “si se me acusa a mí se debiera acusar también al expresidente (Eduardo) Rodríguez, que en el decreto supremo que anula el mío ratifica que ‘las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado’”.

No obstante, aclaró que “por supuesto, creo que ninguno de los dos debemos ser acusados de nada en este caso. Tanto Rodríguez como yo hicimos lo correcto, expulsar a una empresa chilena que vulneró las principales normas del Estado”.

Mesa sostiene que la Procuraduría hizo una defensa “desastrosa” el tiempo que duró el litigio (2010-2015), por lo mismo considera que en “realidad la Fiscalía debiera abrir una investigación y acusación contra los procuradores que llevaron adelante esa lamentable defensa durante el gobierno del presidente Morales”.

El proceso se inició en 2010 y la sentencia salió en 2015. En ese periodo, Bolivia tuvo dos procuradores: Hugo Montero (2011-2014), quien ahora es vocal designado por Morales en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, y Héctor Arce Zaconeta (2014-2016), quien ahora cumple la función de Ministro de Justica.

Campaña de “demolición”

El expresidente dijo que el Gobierno incrementa su campaña de “demolición” contra la oposición porque se da cuenta de una caída libre de su popularidad y credibilidad. “Uno de los objetivos principales de esa campaña soy yo. La indignación del país por la burla que ha hecho el Presidente del 21F le está cobrando factura y, en ese contexto, buscarán eliminar a todos sus principales adversarios potenciales”.

DATOS

Plazos procesales. La Procuraduría presentó la proposición acusatoria contra Carlos Mesa el 22 de mayo y 23 del mismo mes fue derivado al Tribunal Supremo de Justicia.

Mesa y tres exministros. Además de Carlos Mesa, la acusación involucra a sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernandez Fagalde.

Proceso. Los litigios se desarrollaron en 2010 y 2013, pero la sentenció salió en 2015.

EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR LA INDEMNIZACIÓN DE $US 46,8 MILLONES

ERBOL

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó ayer que junto con el Ministerio de Minería iniciaron conversaciones con la empresa chilena Quiborax para ver la posibilidad de reducir la indemnización de 46,8 millones de dólares fijados en laudo arbitral por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que atiende el caso desde 2005.

Menacho dijo que hay un precedente por el caso de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A, donde la firma británica Rurelec pedía 142,3 millones de dólares de indemnización, pero con las negociaciones acabaron pagando 31.534.613 dólares por la nacionalización del 50 por ciento de acciones que poseía en la empresa boliviana.

“Estamos en conversaciones con esta empresa (Quiborax) y seguramente vamos a poder informarles al respecto en los próximos días”, manifestó el Procurador.

Señaló que todos los Estados tienen el derecho a nacionalizar sus propios recursos naturales, pero cumpliendo el debido proceso.