Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 20 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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“Siempre se ha mantenido la postura de que en Bolivia no hubo fraude electoral y lo demuestran los votos que se han contabilizado el día de ayer (domingo)”, afirmó este lunes la abogada Laura Crespo, defensa de María Eugenia Choque.
El 20 de octubre de 2019, horas después de concluida la jornada de votación, grupos violentos quemaron actas de votación en diferentes regiones, en protesta por la suspensión abrupta del TREP, que dio lugar a las denuncias del fraude electoral. Las irregularidades fueron detalladas en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó, entre otras irregularidades, el repentino incremento de votos a favor del MAS, que postulaba al entonces candidato Evo Morales.
La investigación de la Fiscalía también estableció una manipulación informática, con la intervención de un servidor no registrado por la empresa auditora, además de la instrucción desesperada que dio la exdelegada de Morales al TSE Lucy Cruz, para que se suspenda el TREP de forma ilegal. “Carajo, apáguenlo”, fue el grito que dio la noche del 20 de octubre de 2019.
Crespo aseguró que debido a la quema de varias actas electorales no se completó el cómputo oficial que -según la abogada- hubiera arrojado un resultado similar al que se dio el domingo, con una victoria del MAS. En esa línea, anunció que se pedirá el cierre del caso, acción que debe ser asumida por la Fiscalía luego de la valoración de lo sucedido en los últimos comicios.
La defensa de Choque reconoció como una irregularidad la suspensión del TREP, pero afirmó que ese hecho no podría ser considerado como delito, debido a que los datos no eran oficiales y no se afectaron los resultados finales. Explicó que la interrupción de los resultados preliminares no se constituye en delitos.
Por el fraude electoral, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó un memorial con una lista de 308 indicios, por los cuales pide la imputación contra el expresidente Evo Morales , el exvicepresidente Álvaro García Linera y contra los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta.
El Ministerio de Gobierno informó que antes, durante y después de la paralización del TREP hubo un cruce de llamadas entre la entonces vocal Cruz y el ahora exministro Quintana. Además, se tienen indicios de la participación de un grupo de ciudadanos mexicanos desde la Casa Grande del Pueblo.