Usted ya fue procesado una vez y no le descubrieron nada, ¿esta vez  vio venir el ataque?
Pensé siempre que el Gobierno me consideraba un oponente político importante y en determinado momento aparecía en las encuestas como un potencial candidato con posibilidades, pero hace ya varios meses yo he declarado de manera clara que no voy a ser candidato a la Presidencia. El Gobierno o no me cree. Ellos, más que un adversario, da la impresión que me consideran un enemigo político. Esto, que comenzó con los misiles chinos, ha continuado con Camargo Correa y se superpone esta otra acusación, la del caso Quiborax. Creo que ya podemos hablar de una estrategia política directamente enfocada en mi contra.

¿Usted cree que el MAS lo necesita como candidato?
No, no puedo dar una interpretación de qué es lo que cree el MAS. Mi impresión con relación con mi persona en particular es que el MAS no cree que lo que yo he dicho, el MAS no cree que yo no voy a ser candidato y, para curarse en salud, por si acaso lo fuera, está estableciendo una definición de decir que Carlos Mesa es un oponente muy riesgoso y prefieren sacárselo de encima. Ojalá fuera a través de reglas limpias, con transparencia, pero no. Lo hacen con las peores reglas del juego y aprovechando el poder arbitrario y discrecional que tienen sobre los órganos del Estado.

¿Se puede interpretar como una señal estos procesos contra opositores y que pueden ser potenciales adversarios?
Sí, sin duda. El Gobierno ha descubierto que la judicialización de la política, que los fiscales y los jueces, sustituyen a los tanques y los cascos de las dictaduras militares. Hoy lo que tenemos son persecuciones de carácter judicial con argumentos que además tratan de disfrazar esa persecución en el tema de la corrupción y aquí pagamos justos por pecadores, porque no voy a decir que todo el mundo que está acusado o que tiene juicio es inocente, pero es evidente y  se ha probado que en los casos de Tuto Quiroga o de Samuel Doria Medina, por ejemplo, son acusaciones carentes del más mínimo fundamento jurídico. 

Para en las elecciones de 2002 usted fue invitado, ¿puede suceder lo mismo ahora?
No sé, no lo sé, en todo caso la decisión ya está tomada.

¿Esa decisión es definitiva?
No tiene sentido, lo único que falta es que me presenten un papel notariado y lo tenga que firmar. Creo que yo ya he dicho lo suficiente y no tiene caso convertir esto en una especie de noria interminable.  

¿Usted ve una atomización de la oposición tal como ocurre en el Parlamento ahora?
Yo diría que las fuerzas políticas de oposición comienzan a entender ahora que el tamaño del desafío histórico que tienen por delante es muy grande y que  la unidad no es ya una posibilidad, no es ya un lujo, es una circunstancia esencial para construir una estructura que sea capaz de derrotar al oficialismo. Pero ya no solamente a partir de la unidad por la unidad misma, sino a través de la construcción de propuestas de transformación y ojalá de renovación generacional.

 ¿Cree que Evo Morales será candidato pese a las limitaciones constitucionales?
Lo que puedo responder es el debe. El deber ser y en el deber ser el presidente Morales no puede ser candidato.

Lo que hizo el Tribunal Constitucional vulnera la voluntad popular, que es la máxima expresión de la soberanía del pueblo, que se expresó el 21 de febrero. Creo que, en ese contexto, no hay debate: Evo Morales no puede ser candidato a la Presidencia en 2019.

¿Será esta la factura por ponerse al frente del presidente en el referéndum?
Sí, me da la impresión de que esa decisión que expresé en octubre de 2015 marcó una línea que el presidente parece no poder comprender o no querer comprender. Como sabes, soy representante oficial de Bolivia para la causa marítima y mi compromiso con el Gobierno y con el Estado es absolutamente incuestionable y no se va a modificar.

Eso no quita que yo tenga diferencias con el presidente y que tenga una posición distinta y de oposición al  presidente. Eso no me convierte en un enemigo. El presidente debe entender que  Bolivia no se divide en amigos y enemigos, se divide en las diferencias de opinión y de políticas de Gobierno con políticas de Estado, que son distintas. En ese contexto, yo creo que efectivamente hubo una actitud totalmente distinta del presidente Morales hacia mí desde octubre de 2015 hasta hoy.

¿Por qué las plataformas no pueden reproducirse? Su accionar es limitado y solo hubo dos movilizaciones hasta ahora.
El punto crítico aquí es la necesidad de una vinculación entre los colectivos ciudadanos que legítimamente reivindican el cumplimiento del 21-F y las estructuras políticas organizadas que son capaces de generar acciones con un destino concreto, que es la posibilidad de construir candidaturas que junto a la negativa de esta burla al 21-F puedan ser opciones alternativas. Entiendo que los colectivos puedan tener susceptibilidad con relación a los partidos, pero creo que es un momento en que la unidad vale para todos.

Morales dice que ahora los que protestan son los de la zona Sur y no de las laderas.

Las encuestas que yo conozco y que me merecen respeto indican que esta tendencia no ha cambiado en estos últimos meses: alrededor del 70% de los encuestados están en contra de la decisión del presidente y del TCP de volverse a postular y defienden el respeto  al 21- F. Si haces una apreciación de ese porcentaje, me parece poco probable que el 70 por ciento de los bolivianos viva en la zona Sur o en Urubó.

En el caso Quiborax, ¿usted hacía seguimiento del caso? 
El comienzo del proceso de controversia entre el Estado de Bolivia y Quiborax es después de que dejé el Gobierno, por lo tanto la responsabilidad es de la Procuraduría, que tenía que llevar adelante un trabajo de defensa de intereses del Estado. Lo que puedo decir es que tanto el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé como yo coincidimos en la expulsión de Non Metallic Minerals-Quiborax, porque esa empresa estaba contraviniendo las leyes, estaba explotando fraudulentamente recursos naturales bolivianos (ulexita) nada menos que en el salar de Uyuni. 

¿Usted cree que el Gobierno aplicará el principio de repetición tal como anunció con dos excandidatos que demandaron al Estado?
Lo primero que tenemos que saber es si el Gobierno, a través del procurador general o de la Fiscalía, va a ir a una aberración jurídica, que es acusar de la comisión de delitos a quienes defienden los intereses económicos del Estado. Lo que a mí me parece que es  inaceptable y que no tiene nombre es que se nos lleve a una acusación de esa naturaleza y que además se pretenda que solo debo ir yo, cuando en los decretos el presidente Rodríguez deroga mi decreto no por la razón de fondo, lo deroga por deficiencias de carácter jurídico. Sin embargo, en el texto, ratifica la expulsión de Non Metallic porque afirma que las decisiones de la superintendencia no dan lugar a equívoco.

¿Es sintomático que salga este tema después?
Es sintomático, pero no con relación al presidente Rodríguez, que en definitiva no es quien toma las decisiones. Lo sintomático es que el Gobierno pretenda hacer distinción entre las acciones coordinadas de lo que hice yo o el presidente Rodríguez. Es claro que a quien están buscando, a quien quieren destruir, es a Carlos Mesa.

¿Cuál cree que fue su pecado?
Yo diría que el que haya hecho un trabajo en defensa de los intereses de Bolivia, contribuyendo con el Estado boliviano en la defensa de la causa marítima que generó un reconocimiento que agradezco. No era un trabajo personal, es un trabajo de equipo, que tiene al presidente como cabeza por la decisión política que tuvo en la demanda. Esto es gracias al equipo jurídico que dirige el presidente Rodríguez a Diremar... Por alguna razón, en algún momento -pienso que algo tuvo que ver la entrevista que desarrollé en Chile en el programa El Informante-, hubo un reconocimiento muy fuerte de lo que yo hice y probablemente haya generado la sensación de que eso me estaba proyectando políticamente cuando yo no tuve ninguna intención, ni tengo, de usar políticamente este tema.

¿No le parece curioso que no se incluya a su sucesor?
Aquí hay algo importante, lo último que uno debería hacer es descargar en el expresidente una responsabilidad. Ambos tenemos una vinculación en muchos casos, porque yo fui presidente casi dos años y el presidente Rodríguez lo fue siete meses. Por tanto, muchas decisiones están vinculadas de algún modo. Quien toma la decisión de separar un Gobierno de otro arbitrariamente y de manera imposible es este Gobierno. Es imposible hacerlo. En el caso Camargo Correa, separar lo que hizo el presidente Rodríguez Veltzé de lo que hice yo y de lo que hizo el presidente Morales. En el caso Quiborax, es exactamente igual, los tres gobiernos intervenimos.

¿Camargo Correa es un caso similar? 
Las normas que dicté en mi Gobierno establecieron que el SNC hiciera una licitación con una empresa que se presentase para la construcción del tramo Roboré-El Carmen; fue una licitación entre tres empresas brasileñas, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Odebrecht. La ganó Camargo Correa, pero hay un elemento más: había una cláusula suspensiva que si no la cumplías, ese contrato no entraba en vigencia. El crédito brasileño ponía el 80% de $us 180 millones  y el Gobierno boliviano tenía que poner el 20%. La situación financiera de nuestro Gobierno no nos permitió cumplir con esa obligación y se ejecutó esa cláusula.

Mi Gobierno termina sin desembolso, sin aplicación del crédito y sin ejecución del crédito. El 30 de septiembre de 2005, en el Gobierno del presidente Rodríguez Veltzé se establece que debe conseguirse un nuevo financiamiento. Entonces,  anula lo que había hecho yo y dictan nuevas normas. En diciembre de 2005 el nuevo financiamiento ya no es el crédito de 600 millones de Brasil, sino un crédito de la CAF por 180 millones. Ese préstamo  ya no ataba a las empresas brasileñas; pero por las razones que fuera, el Gobierno confirmó a Camargo Correa y eso demuestra que la vigencia de ese contrato no está en el Gobierno de Mesa, sino de Rodríguez. Luego viene el tercer momento, que es el más importante, cuando comienza a construirse la carretera, en el Gobierno de Evo Morales. ¿Cuándo se producen los desembolsos a la empresa Camargo Correa? Durante el Gobierno de Evo Morales;  ¿quién recibe la carretera en ese tramo?, el presidente Evo Morales. Por tanto: fase 1, presidente Mesa; fase 2, el contrato se hace vigente en el Gobierno de Rodríguez Veltzé, y  fase 3, se desarrolla con Evo Morales.

La presidenta de la comisión (Susana Rivero) afirma que el punto de partida debe ser el acuerdo por 600 millones que firmamos con el presidente Lula (da Silva), pequeño gran detalle, ni un solo centavo con lo que se construyó esa carretera vino de Brasil.