“Esto nada tiene que ver con temas electorales porque no es la Procuraduría la que está sacando este (caso) del sombrero”, respondió Menacho, después de que Mesa aseguró que con la denuncia en su contra por el caso Quiborax se confirma que el Gobierno impulsa una estrategia de demolición de su imagen por considerarlo un enemigo político para las próximas elecciones.

Menacho, en una entrevista con medios estatales, remarcó que la principal responsabilidad de Mesa es el haber incumplido el artículo 3 de la Ley 2564.

“Ese artículo tenía tres mandatos. Primero decía que el Poder Ejecutivo (es decir el gobierno de Mesa) tenía que llevar adelante seis auditorías jurídicas y si esas seis auditorías jurídicas demostraban que la empresa que explotaba minerales (en el Salar) estaba incumplimiento la Ley, se tenía que declarar la nulidad de sus concesiones mineras”, sostuvo.

Además, las seis auditorías y posterior declaratoria de nulidad se tenía que hacer en un periodo de 60 días desde la emisión de la Ley 2564.

“La Ley fue emitida el 9 de diciembre de 2003 y el plazo corría hasta el 9 de febrero de 2004, pero nada de esto ha pasado porque no se cumplió con las auditorías, no se cumplió con la declaratoria de nulidad y no se cumplió con ese plazo de 60 días”, destacó.

Y, recién el 23 de junio de ese mismo año el expresidente Mesa emitió el Decreto Supremo 27589 para revocar las concesiones de la empresa.

“Pasaron cuatro meses, ya estaba fuerza del plazo de lo que establecía el artículo 3 de la Ley 2564 y ya no tenía la posibilidad de hacer (la medida que tomó) en función al artículo 3, (por tanto) revocó de manera ilegal las concesiones mineras en ese momento”, señaló.

Entonces, según Menacho, por eso es que surgió ese 23 de junio de 2004 la controversia con la empresa.

“En julio, apenas un mes después de la revocación de las concesiones, la empresa Quiborax ya le anunció a Mesa (que hará una demanda) y se lo volvió a reiterar en octubre de ese año”, indicó.

Agregó que luego, en la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé, se abrogó el decreto de Mesa “por deficiencias jurídicas insanables porque se entendió que era completamente ilegal”.

¿Desastrosa defensa del caso Quiborax?

Mesa calificó de “desastrosa” la defensa del Estado boliviano en el juicio internacional con Quiborax e incluso dijo que la Procuraduría quiere que el Ministerio Público inicie un proceso en su contra para ocultar precisamente esa situación.

Sin embargo, Menacho sostuvo que la Procuraduría ha presentado todas las defensas necesarias en la disputa.

Recordó que la solicitud de arbitraje data del 4 de octubre de 2005 y Bolivia contestó la demanda el 2010 presentando su dúplica.

Después “la audiencia conclusiva se llevó del 28 al 30 de octubre de 2013, todavía en la gestión Hugo Montero Lara, que era procurador en ese momento. Y el tribunal arbitral tardó un par de años en emitir su decisión que finalmente se conoció el 16 de septiembre de 2015. Entonces se hizo toda la defensa, no solo la defensa de fondo ante el tribunal, sino también, una vez que se emitió la decisión, la Procuraduría inmediatamente inició un proceso de anulación, por tanto, hemos agotado (todas) las instancias”, declaró.

Insistió que la Procuraduría hizo “todo lo que correspondía” para poder obtener una sentencia favorable a Bolivia, pero no logró su objetivo porque ahora, de acuerdo a un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se debe pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares.

Aunque Menacho dijo que se logró rebajar el monto porque inicialmente la empresa demandó por más de 150 millones de dólares.

Además, “la Procuraduría, conjuntamente el Ministerio de Minería, se encuentra en este momento llevando adelante conversaciones con la empresa Quiborax para ver la posibilidad de una (mayor) reducción del monto. Estamos en conversaciones y seguramente les vamos a informar al respecto en los próximos días”, apuntó.