“Esto nada tiene que ver con temas electorales porque no es la Procuraduría la que está sacando este (caso) del sombrero”, indicó Menacho.

 En una entrevista con medios estatales, el Procurador  remarcó que la principal responsabilidad de Mesa es   haber incumplido el artículo 3 de la Ley 2564. “Ese artículo tenía tres mandatos. Primero,  decía que el Poder Ejecutivo (es decir el gobierno de Mesa) tenía que llevar adelante seis auditorías jurídicas y si esas seis auditorías jurídicas demostraban que la empresa que explotaba minerales (en el Salar) estaba incumpliendo la ley, se tenía que declarar la nulidad de sus concesiones mineras”, sostuvo la autoridad.

Explicó que,  además, las seis auditorías y posterior declaratoria de nulidad se tenía que hacer en un periodo de 60 días desde la emisión de la Ley 2564. “La ley fue emitida el 9 de diciembre de 2003 y el plazo corría hasta el 9 de febrero de 2004. Pero nada de esto ha pasado porque no se cumplió con las auditorías, no se cumplió con la declaratoria de nulidad y no se cumplió con ese plazo de 60 días”, destacó.

Dijo que recién el 23 de junio de ese mismo año Mesa emitió el Decreto Supremo 27589 para revocar las concesiones de la empresa. “Pasaron cuatro meses, ya estaba fuerza del plazo”, insistió Menacho.