Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 21 de noviembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Pero las cosas no son tan sencillas, forzar una elección en que la ciudadanía en realidad no eligió a nadie más que los ya elegidos por el Gobierno, instala la necesidad de desplegar todas las formas de desobediencia civil que estén a mano, lo que fuerza un ‘endurecimiento’ del Gobierno. Entre que la sociedad civil niega legitimidad alguna a los ‘elegidos’ y el Gobierno se esmera en forzar una obediencia que no va a llegar, ingresamos en un círculo vicioso camino directo a la violencia dictatorial.
Si los ‘elegidos’ terminan habilitando a Evo Morales en contra del 60% de una preferencia contraria, al régimen no le quedará más remedio que transformarse en un Gobierno ‘duro’ y a la sociedad civil en organizarse para una resistencia civil y política, con el fin de poner límites al poder del Estado. Todo se hace, empero, en nombre de la legitimidad y la CPE. A la farsa de una elección se le suma así la farsa de una Constitución.
En buenos términos, la posibilidad de abrir un ciclo de violencia política es lo que más cerca tiene el MAS en su afán de perpetuarse en el poder. Si lograra la habilitación Evo Morales, tendrá un país ingobernable y sus posibilidades históricas estarán básicamente anuladas. El destino del país volverá al estatus de impredecible. Si finalmente decide no forzar las cosas y respetar un juego democrático que le da la chance de postularse luego de cinco años, habrá salvado no solo su proyecto político, sino la estabilidad y la democracia boliviana.