Por un lado, el país vivió en noviembre de 2019 la inesperada renuncia del expresidente Evo Morales y su posterior fuga al exterior, lo que derivó luego en graves hechos de violencia, que terminaron en una treintena de muertos, especialmente en los sucesos de Sacaba y de Senkata. Los llamados de Morales a sus adherentes a enfrentarse a las fuerzas de orden explican parte de esa violencia, además del clima de polarización general que se vivía en ese tiempo.

Cuando apenas nos estábamos recuperando de esas duras y dolorosas semanas, se registró en territorio boliviano el primer caso de Covid-19 y, después, el contagio masivo, que alcanzó a cientos de miles de personas. Aunque las estadísticas oficiales señalan que 140 mil bolivianos y bolivianas se contagiaron, algunas estimaciones, como la realizada por la Fundación Milenio, señalan que hasta 1,2 millones pueden haber enfermado de coronavirus.

La pandemia demostró la precariedad del sistema sanitario boliviano, con hospitales sin equipamiento necesario, personal de salud insuficiente, ausencia de material de bioseguridad, etc. Una estimación del New York Times, tomando datos del Registro Civil, consideró que los muertos son unas cinco veces más que lo que indican las cifras oficiales.

En medio de esa crisis, las elecciones inicialmente previstas para el 3 de mayo, tuvieron que posponerse para septiembre; y luego, con la pandemia en su punto más alto, el TSE decidió postergarlas por seis semanas, hasta este 18 de octubre. Ante ello, los líderes del MAS coordinaron con dirigentes de movimientos sociales una feroz y violenta escalada de protestas que paralizaron el país, impidiendo el paso de ambulancias y, sobre todo, de oxígeno medicinal, lo que provocó la muerte de cerca de 40 personas.

De ahí en más, aunque bajó la tensión en las calles y se aceptó como definitiva la fecha de los comicios para octubre, hemos vivido una etapa de intensa y agresiva campaña política. La polarización ha sido fomentada por los diversos grupos en pugna, especialmente por quienes creen que insistiendo en las diferencias entre los bolivianos, en vez de subrayando lo que los une, es la mejor manera de llegar al poder. 

Ha sido, pues, una campaña que nos ha dejado con sabor a derrota anticipada, independientemente de las afinidades y colores políticos. En un momento en que el país necesita certezas, reconciliación, unión de fuerzas para superar, además de las divisiones, los cruentos efectos de esta pandemia, los candidatos -casi sin excepción- han optado por los particularismos y  cálculos estrictamente personales. 

No sólo eso: los discursos han apuntado a deslegitimar al adversario sin un análisis certero de lo que necesita una sociedad frágil y golpeada como la nuestra. Avivar los desacuerdos es el camino hacia la violencia, que es precisamente la que se debe evitar. Para que una sociedad se desarrolle y sea más productiva se debe  buscar consensos y acuerdos, no alentarse las pugnas.

El país decide este domingo mucho más que un presidente y una asamblea legislativa, decide el rumbo que marcará su historia en los próximos años. 

Hemos vivido un régimen de largos 14 años, que ingresó a la historia para transformarla y que acabó siendo rehén de su propia angurria de poder. Es momento de que cualquiera que sea elegido para comandar el país, se comprometa a respetar ante todo la Constitución y la democracia.

Los bolivianos, que tienen en sus manos una crucial decisión, deben asistir este domingo a las urnas con orden y espíritu pacífico, como lo han hecho decenas de veces anteriores, y luego esperar con tranquilidad que los resultados empiecen a ser entregados por el organismo electoral. Todos deberían aceptar los resultados, sean cuales sean. Y que el gane se comprometa a gobernar para todos.