Por otro lado, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez, hizo un llamado a la unidad departamental y puso en advertencia las intenciones del departamento de Chuquisaca.

Sin embargo, el asambleísta, Luis Pedraza, lanzó calificativos al gobernador, Adrián Oliva, con los que incapacitó su actuación frente a la problemática.

A su vez, el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Mauricio Lea Plaza, cuestionó al Gobernador de Tarija por no hacer cumplir las normativas y explicó que “en este momento no está constituido un equipo de especialistas, no está funcionando de manera regular el Comité Interinstitucional, tampoco se han hecho las representaciones legales y administrativas ante el Ministerio de Hidrocarburos”.

Recordó que desde el 6 de enero de 2016 está vigente la Ley de Defensa del Megacampo Margarita y Huacaya, que incluye un conjunto de previsiones para que la Gobernación defienda ambos reservorios hidrocarburíferos.

“En esta ley se plantea que la Gobernación contrate consultores expertos, debiera haber contratado una empresa internacional, en la eventualidad, para un nuevo estudio, debería haber realizado todas las gestiones ante el Gobierno nacional para cambiar el reglamento del factor de distribución, debería tener funcionando al Comité Interinstitucional de Defensa del Campo Margarita”, agregó.

El asambleísta señaló que esa norma prevé un presupuesto propio para que la Gobernación pueda hacer una buena defensa de las regalías, más porque el departamento de Chuquisaca pretende incrementar su participación en los recursos que genera el campo Margarita.

Por otro lado, el Secretario de Hidrocarburos anunció que están a la espera de la licitación que le corresponde a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para contratar una empresa que también realice un análisis sobre la actualización de la distribución.

“La Gobernación del departamento está en la posición de poder contratar una empresa, especialistas, profesionales entendidos en la materia para poder acompañar el estudio de una consultora que acompañe a YPFB cuando se realice la actualización del factor de distribución de campos compartidos”, dijo Castrillo.

Indicó que el artículo 9 del Reglamento de Campos Compartidos especifica cuándo y en qué condiciones las gobernaciones de los departamentos productores, que presenten cualquier conflicto de campos con el u otros departamentos con los que comparte, pueden hacer uso de los mecanismos para contratar empresas “especialistas, profesionales que puedan acompañar”.

Según indicó Castrillo, la primera condición para habilitar este contrato es el lanzamiento de la licitación para la contratación de una empresa que haga el estudio del factor o actualizar algún estudio anterior por YPFB.

“Esto no ha ocurrido aún, YPFB está en su Plan Operativo Anual (POA) de contrataciones. En esta situación la Gobernación no puede contar con una empresa que vaya haciendo un estudio. Esa información que manejará esa empresa contratada por YPFB es la que tiene que compartir con las gobernaciones interesadas”, argumentó el Secretario.

Por el momento, Castrillo informó que realizan una recopilación de datos de los antecedentes sobre el último estudio que se hizo. “Ustedes recodarán lo que pasó el 2012, nosotros no estamos de acuerdo. Hubo autoridades cómplices que han autorizado un estudio que desde todo punto de vista lo consideramos injusto e ilegal”, dijo Castrillo.

Gaffney el 2012 certificó el 75,1% para Tarija

Según una nota publicada por YPFB el 2012, señala que Gaffney, Cline & Associates certificó que el 75,1 por ciento de las reservas del campo Margarita-Huacaya pertenece a Tarija y el 24,9 por ciento a Chuquisaca, según el informe del factor de distribución presentado por Jordi Vilanova, experto de esa empresa estadounidense. En ese contexto, y con la aplicación del factor de distribución, el departamento de Tarija, según éste informe incrementó sus ingresos a 695,52 millones de dólares por concepto de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hasta 2014.