En vísperas de la elección del domingo 18, uno de los temas centrales en el debate público es el de la Difusión Rápida de Resultados Preliminares (Direpre), procedimiento de publicación de datos que en 2019 llevaba el nombre de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), y que fue fuente de las sospechas que llevaron a declarar un todavía no demostrado fraude electoral.

La principal observación ha sido a la decisión de eliminar la publicación de las fotografías de las actas que los jurados electorales elaboran al concluir el conteo de votos en cada una de las mesas. Quienes observan esta decisión, encabezados por los voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS), creen que eso le quita transparencia.

El argumento, enarbolado en varias ocasiones y en una carta enviada por el expartido gobernante a las “misiones de observación internacional” y los “organismos internacionales”, es que el no mostrar las actas en el Direpre impide hacer observaciones antes de que el procedimiento de registro final de resultados precluya y sea imposible hacer cambios o enmiendas a ese conteo.

A simple vista, la observación es razonable, al punto que una de las personas que con mayor esfuerzo trató de demostrar el supuesto fraude de 2019, el ingeniero informático que denunció la manipulación de los servidores del TREP, terminó coincidiendo plenamente con la vocera del MAS. Sin embargo, tanto las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el equipo técnico electoral enviado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fines de 2019 para ayudar a reconstruir la institucionalidad del Órgano Electoral han explicado que este extremo es falso.

En efecto, la Vicepresidenta del TSE, en entrevista con el programa Piedra, papel y tinta que produce La Razón y difunde a través de su sitio web, ayer aclaró detalladamente las razones por las que se adoptó la decisión: por una parte, porque ningún país donde exista un sistema de difusión de resultados preliminares muestra las actas; por otra, porque el mostrar esas actas fue el punto de partida de las sospechas de fraude que terminaron con la anulación de las elecciones de 2019.

Finalmente, se aclaró que no hay posibilidad de alteración de actas o de aprobación de actas fraudulentas porque tanto en el conteo en las mesas de votación, como en el procedimiento de cómputo a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), todas las fuerzas políticas en competencia tendrán delegados que se asegurarán, precisamente, de evitar cualquier irregularidad con las actas.

Estamos, pues, ante una suerte de fetichización de un procedimiento que en rigor es solo indicativo, pues el único resultado oficial es el que proviene del cómputo de actas a cargo de las y los vocales de los TED. Es inevitable percibir algo de mala intención en las críticas, y si bien es comprensible en tiempos de pugna electoral, es poco saludable para la institucionalidad democrática del país, tan severamente afectada desde hace un año.