El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, respondió al ministro de Gobierno Arturo Murillo señalando que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no pedirá perdón por las acusaciones de fraude electoral supuestamente cometido en 2019, ya que el 18 de octubre se demostrará que no hubo fraude y que son mayoría.     

“No sé de qué tenemos que pedir perdón, ojalá no sean ellos que tengan que pedir perdón después del 18 de octubre donde se demuestre que tenemos mayoría, inclusive más que el año pasado (…)”, indicó Borda en el programa En Portada y en respuesta a Murillo.

El Ministro, respondió a la censura dictada por la Asamblea, indicando que los legisladores no tienen ninguna autoridad para llamar a ningún funcionario y que deben disculparse con el pueblo boliviano por apoyar un fraude.

"Hasta que la asamblea (del MAS) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario", escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto Borda manifestó, “hay personas menos indicadas para hablar de moral y el pueblo va a juzgar quién tiene moral, por lo menos la Asamblea está tranquila porque no tiene en su conciencia el haber mandado a matar”, dijo.

El titular de Gobierno, fue convocado por el caso de la compra con presunto sobreprecio de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la Policía Boliviana, adquisición en la que participaron intermediarios.  

“Se ha censurado al ministro Arturo Murillo y por efectos del artículo  158 de la CPE, la censura por dos tercios de votos implica la destitución inmediata del cargo de Ministro”, indicó y explicó que la presidenta Jeanine Añez no puede proceder como procedió con el Ministro de Defensa, Fernando López, porque se promulgó una ley que regula las formas de interpelaciones y censuras.

La mandataria se negó a promulgar la norma y la envió a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero la misma fue rechazada, por lo que ahora la ley debe ser cumplida.

Debido a que la norma se encuentra vigente, la Presidenta deberá destituir al ministro censurado en 24 horas, bajo el riesgo de ser procesada por incumplimiento de deberes en caso de no dar curso a la censura. La ley menciona que el ministro censurado no puede volver a ocupar el cargo.