El presidente Bautista Saavedra, en 1921, promulgó la Ley Orgánica de Petróleo, que confiaba a la iniciativa privada, en su integridad, la explotación de hidrocarburos. Se establecía en favor del Estado una tributación del 11%, que podía ser cubierta en productos o en dinero.
Tarija tuvo el privilegio de ser el lugar en el que nació la industria petrolera boliviana: en 1925, la Standard Oil Company (EEUU), concesionaria del Estado, produjo petróleo en el primer pozo localizado en Bermejo y en 1926, en la provincia Gran Chaco, inició un rendimiento importante que permitió instalar la primera planta de refinación.

La legislación no preveía participación alguna en favor de las regiones que poseían la riqueza, omisión que se consideraba absolutamente injusta. Ante esta situación, los diputados tarijeños Julio Pantoja, Octavio O'Connor d'Arlach, Óscar Trigo, Arcil Oliva y Delfín Pino desplegaron una intensa labor en la Cámara Baja, que concluyó con una ley promulgada en 1929 por el presidente Hernando Siles.

Esta norma, que constituye el antecedente legal primigenio sobre el tema, establecía: "Del 11% bruto que fija al Estado la Ley de Petróleos de la República y la Resolución de 25 de julio de 1922, como participación a la explotación de hidrocarburos, sus similares y derivados, se destina el 30% como renta de carácter departamental a favor de los Tesoros de las circunscripciones productoras de petróleo".  Así nacieron las regalías, concebidas como base del progreso y desarrollo regionales, puesto que los recursos estarían destinados a obras públicas, vialidad, fomento de la educación y otros.

La reversión al Estado de las concesiones otorgadas a la Standard Oil Company, por decreto de 7 de junio de 1936, promulgado por David Toro, y la creación de YPFB generaron una nueva situación. Desapareció el sujeto privado como productor y, al haber asumido el Estado esta responsabilidad, se eliminó el tributo que percibían las regiones.

Frente a esa situación, los parlamentarios Víctor Paz Estenssoro, Manuel Mogro y Facundo Flores, y otros, presentaron un proyecto de modificación de la ley 2929 en el que se propuso, nuevamente, una regalía del 11% para las regiones. La nueva ley fue promulgada el 15 de julio de 1938 por el presidente Germán Busch, con la participación de Dionisio Foianini, ministro de Minas y Petróleo. El incumplimiento de esta norma, cuyos lineamientos se mantienen vigentes hasta nuestros días, dio lugar a diferentes luchas cívicas en el departamento de Santa Cruz.