“Estamos pidiendo a la CIDH el tratamiento anticipado (de máxima celeridad) del caso, dado que las elecciones son el próximo año, y también una medida cautelar para suspender los efectos de la sentencia 084/2017 del TCP (que habilita la repostulación de Morales), expresó Vladimir Peña, ejecutivo de Demócrata.

Entre los documentos presentados se encuentran las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la certificación de los resultados del referéndum y su carácter vinculante por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la campaña ciudadana a favor del No, el manifiesto desconocimiento del resultado de la consulta por parte del Gobierno del MAS, las ‘cuatro vías’ anunciadas por el oficialismo para desconocer la voluntad popular y el informe de la Comisión de Venecia que establece que la reelección no es un derecho humano.

A su turno, el senador Oscar Ortiz, secretario general de Demócratas, acotó que todas las pruebas demuestran que el Gobierno de Morales violó la Convención Interamericana de derechos humanos (Pacto de San José) al desconocer abiertamente el voto de los bolivianos del 21F.

“Estamos presentando una nueva petición con todas las pruebas para defender el voto del 21 de febrero, para defender el derechos que tenemos los ciudadanos bolivianos a que se respete la decisión que tomamos el 21 de febrero, en la cual expresamos la voluntad del pueblo boliviano de que se respete la Constitución, de que se ponga un límite a las reelecciones presidenciales, como una forma de resguardar la democracia”, expresó el parlamentario opositor.