— ¿En qué consiste el modelo económico cruceño y cómo se lo puede aplicar en otras regiones del país?

— Consiste en una economía plural de mercado con plena y efectiva competencia, donde la inversión productiva y la generación de empleo la realiza el sector privado, apoyado por inversiones públicas orientadas a mejorar la logística y competitividad nacional, con la vocación de abastecer el mercado interno y exportar los excedentes, en un marco de fuerte institucionalidad con participación de los representantes de la sociedad.

El Estado, fundamentalmente a través de lo que actualmente es la Gobernación, planifica la realización de inversiones y obras públicas destinadas a construir una infraestructura física de apoyo a la producción privada y al mercado, como el asfaltado de la carretera Cochabamba – Santa Cruz de la Sierra o el Proyecto de Tierras Bajas del Este.

La fortaleza de las instituciones que aglutinan a todos los actores de la sociedad, como el Comité Pro Santa Cruz, permiten generar un ambiente de diálogo e intercambio permanente entre todos los sectores, lo que facilita el clima de negocios.

Esta visión se vio fortalecida por la llegada de cientos de miles de compatriotas de otros departamentos, que comenzaron a producir y aportaron sus capacidades y conocimientos, lo que construyó un círculo virtuoso que ha permitido que hoy el departamento sea el más grande en término económicos.

Y finalmente, se tiene un sistema universitario con la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” y las universidades privadas, donde se han priorizado las carreras y formación orientada a la demanda del mercado laboral, lo que ha permitido mejorar el gerenciamiento de los negocios.

— ¿Puede ser este modelo un gran generador de empleo, que es lo que hoy más necesita el país?

— Claro que sí puede ser y va a serlo durante nuestro gobierno. El modelo económico cruceño es un éxito muy grande, que ha permitido que el departamento de Santa Cruz se convierta en el más poblado de Bolivia y un polo de atracción para los demás departamentos.

Para que veamos la magnitud de lo que estamos hablando, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de Santa Cruz en el Censo de 1950 era de 244.658 habitantes, y creció hasta 2.657.762 habitantes en el Censo de 2012. Si la población de Bolivia pudiera seguir esa progresión en 2012 deberíamos haber sido 29.375.810 habitantes, cuando solo alcanzó a poco más de 10 millones.

Esa experiencia exitosa, que es fruto del trabajo y esfuerzo de nuestro pueblo, debe ser replicada en todos los departamentos, de acuerdo con sus peculiaridades y potencialidades.

— ¿Cómo encajan en este modelo el sector privado y el Estado, es posible una alianza entre ambos sectores?

— No solo es posible, sino que es necesaria. Nuestro modelo económico es construir una economía plural de libre mercado, donde actúen actores públicos y privados en competencia en igualdad de condiciones, y con autoridades de regulación neutrales y profesionalizadas.

Para la ejecución de muchos proyectos e iniciativas, ambos sectores se asociarán mediante Alianzas Público Privadas (APP), que permitan poner en marcha proyectos estratégicos para el presente y futuro del país como Puerto Busch, el hub e Viru Viru, el Puerto Seco de Oruro, y muchos más.

Nosotros creemos que el mejor esquema para el país es la economía plural, con plena participación de actores privados y públicos, pero aplicado de forma real y no solo en los textos oficiales como ocurrió durante la gestión del MAS.

— ¿En este marco, qué planes tiene para las empresas estatales?

— Todos los bolivianos hemos sido testigos de cómo el gobierno del MAS ha convertido a las empresas públicas, de cualquier tamaño, en oficinas de empleo de los militantes y amigos, en caja chica de financiamiento de las actividades partidarias y en centro de corrupción para beneficiar los bolsillos de los políticos.

Esto no puede seguir así, las empresas públicas son un patrimonio de los bolivianos y deben mejorar la gestión de las áreas económicas donde se desempeñan y generar utilidades para beneficiar a todos los habitantes de país.

Nosotros no vamos a privatizar o vender ninguna de las empresas públicas existentes hasta la fecha, pero tampoco vamos a crear ninguna otra más, pues consideramos que el rol preponderante en la producción y la economía le corresponde al sector privado.

Lo primero que vamos a hacer es una reingeniería de todas las empresas estatales, reestructurándolas, e incorporando personal técnico especializado, que hagan que funcionen de manera eficiente y dotándoles de la autonomía de funcionamiento para que sus trabajadores hagan carrera dentro de la empresa y no tengan presiones políticas o miedo a ser destituidos cada vez que haya cambio de gobierno o de autoridades.

En el caso de las empresas corporativas como YPFB y ENDE, se disolverán las empresas subsidiarias y todo el negocio se centrará en la casa matriz y se manejará con gerencias especializadas para cada actividad.

Esta medida ahorrará un gasto enorme en directores, gerentes, asesores, secretarias y choferes, esto es en una burocracia que no tiene sentido y que no hace al negocio de la empresa.

Consideramos que las empresas estatales deben competir en los mercados en los que desarrollen sus actividades en igualdad de condiciones, y dejarán de recibir financiamiento preferencial de los préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) que hasta ahora alcanzan a Bs 70.000 millones y son responsables de la disminución de $us 9.000 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en los últimos años.

Deben lograr financiamiento en el mercado como tienen que hacer todas las empresas y hacemos todos los bolivianos.

La dispersión de prioridades en los programas de inversión ha provocado ineficiencia y escasos resultados, por lo que orientaremos la inversión de las empresas estatales a las acciones estratégicas para el futuro de Bolivia.

Esto quiere decir que YPFB se centrará en exploración de hidrocarburos, ENDE en la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para que llegue a todos los departamentos y provincias del país y a la generación de electricidad con energías renovables, y ENTEL a la densificación y expansión de la red de fibra óptica por todo el territorio nacional.

A cada empresa se le realizará un estudio en detalle y se establecerá un plan de negocios, que determinará las acciones a seguir hacia adelante como las líneas prioritarias de inversión, los mercados de los productos, etc.

Se trabajará para que varias de las empresas estatales puedan ser gestionadas mediante alianzas público privadas, para garantizar una gerencia eficiente y un manejo eficiente y competitivo de los mercados.

— ¿Cómo piensa encarar sectores clave como la inversión pública y la inversión extranjera?

— La inversión pública debe reordenarse y hacerse eficiente, dejando de financiar “elefantes azules” sin ninguna planificación, y reorientándose a la ejecución de proyectos que tengan una elevada demanda de mano de obra y de insumos nacionales.

Esto nos permitirá realizar muchas obras de menor envergadura, pero que aumentarán la contratación y sostendrán la demanda agregada de toda la economía de Bolivia.

Pondremos en marcha el Plan de Inversiones de Emergencia dotado con Bs 10.000 millones para financiar miles de obras y proyectos que nos permitan contratar a 300.000 personas en todo el territorio nacional.

La inversión pública será clave en el crecimiento de la economía nacional, pero será más eficiente, costo efectiva y destinada a generar empleos y mejorar las condiciones competitivas de nuestra economía.

Nuestra propuesta al país es una economía plural de libre mercado y en competencia, donde el rol protagónico en el crecimiento y desarrollo descanse en el sector privado y la inversión privada, que son mejores generadores de empleo y de forma más eficiente que el Estado en las actividades productivas.

Siempre va a ser más eficiente para generar empleo y riqueza un microempresario de un taller de mecánica que un burócrata sentado en una oficina.

El Estado tiene que generar las condiciones y facilitar las inversiones del sector privado, tanto nacional como extranjero, para lo que adoptaremos las siguientes medidas:

Otorgar Seguridad Jurídica. Volveremos al CIADI del Banco Mundial para que se resuelvan las diferencias referidas a inversiones entre el Estado y las empresas privadas internacionales. Daremos autonomía de funcionamiento a los órganos de regulación, la Autoridades de Fiscalización y Control, para que funcionen técnicamente y sus autoridades sean elegidas por un período de seis años por el Presidente del Estado de una terna aprobada por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aprobaremos una nueva Ley de Inversiones, que genere las condiciones de seguridad jurídica y el ambiente de inversiones que necesitan los agentes privados de la economía. Ampliaremos la concesión del Registro de Comercio a FUNDEMPRESA por 20 años más, y simplificaremos los trámites para que la apertura de una empresa demande 48 horas y se haga en línea. Institucionalizaremos y profesionalizaremos el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional para que dejen de perseguir y extorsionar a los contribuyentes.

Medidas de Promoción de la Inversión. Para aumentar la inversión de las empresas privadas, se deducirá del monto a pagar por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) las cantidades destinadas a inversión, y en el caso de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) se tendrá una deducción adicional del 50%. Se liberarán completamente las exportaciones, para permitir a la producción nacional acceder a los mercados internacionales, con mecanismos de seguimiento del abastecimiento interno conformados por el Estado y los agentes privados.

Se pondrá en marcha el Fondo del Bicentenario, con $us 2.500 millones, que se utilizarán para apoyar proyectos de inversión de emprendedores en servicios y tecnología, mediante modalidades de capital riesgo.

Apoyos a la Producción Nacional. Hasta 2023 todos los procesos de adjudicación de bienes y servicios del Estado serán adjudicados a empresas nacionales, salvo aquellos que se originen en contratos de crédito que permitan la participación de oferentes extranjeros. Se regulará la participación de las empresas extranjeras en los procesos de licitación del Estado para que lo hagan en asociación con empresas nacionales, en donde éstas últimas tengan el 30% de la sociedad.

En la nueva Ley de Contrataciones del Estado se establecerán claramente preferencias para las empresas nacionales en los procesos de licitación, especialmente las MIPYME y sobre todo las que estén dirigidas por mujeres y jóvenes.

— ¿Cuál será su política sobre las exportaciones?

— Tenemos claro que una de las posibilidades para que Bolivia vuelva a la senda del crecimiento económico es el aumento de las exportaciones, debido a las limitaciones de nuestro mercado interno.

Nuestras acciones van a estar dirigidas a fomentar y potenciar las exportaciones, para lo que adoptaremos las siguientes medidas: Liberación total de las exportaciones, creando una Comisión de Seguimiento entre el Gobierno y el sector privado para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Apertura de nuevos mercados mediante la suscripción de acuerdos comerciales que nos permitan aumentar la oferta exportable, dejando de lado las relaciones internacionales basadas en afinidades ideológicas o de amistad.

Promoción activa de los productos nacionales en los mercados internacionales, de forma coordinada con el sector privado, convirtiendo a nuestras representaciones diplomáticas en el mundo en verdaderos centros de promoción comercial. Institucionalización y desburocratización de la Aduana Nacional, para facilitar los procedimientos de exportación y su efectivización. Agilizar los pagos de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), y que no deban esperar meses y hasta año para su devolución.

— ¿Dos puntos delicados hoy en día en la economía son el déficit fiscal y la política monetaria, cómo enfrentará ambos casos?

— Desde 2014 y hasta 2019 el Gobierno del MAS gastó más de Bs 100.000 millones de los ingresos, provocando un enorme déficit fiscal superior al 7% del PIB los últimos años, lo que muestra la forma irresponsable en que manejaron la economía y los recursos de los bolivianos.

La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que ha provocado, solo ha empeorado esta difícil situación.

Es necesario corregir el déficit fiscal y el exceso de gasto del Estado, para lo que proponemos reordenar los gastos del Presupuesto General del Estado (PGE), eliminando todos los gastos superfluos e innecesarios como la propaganda y publicidad, y reduciendo los de pasajes y viáticos, refrigerios, y otros.

No es posible que mientras los bolivianos están sufriendo una de las peores crisis económicas de su historia, la clase política y los burócratas del Estado sigan disfrutando de privilegios y beneficios exagerados.

Venderemos el avión presidencial FAB 001 y se reducirá la flota de aviones y helicópteros al servicio de la Presidencia y del Estado.

Negociaremos con nuestros acreedores para que hasta 2023 posterguemos los pagos de la deuda externa del país, tanto por capital como por intereses, lo que nos permitirá un alivio para poder dedicar esos recursos a otras necesidades.

Estas medidas permitirán ir reduciendo el déficit fiscal y establecer una senda de sostenibilidad que nos permita llegar a 2025 con las cuentas equilibradas.

Sobre la política monetaria mantendremos el tipo de cambio en Bs 6,96 por dólar americano, y no lo modificaremos.

Y fortaleceremos el nivel de reservas con un manejo prudencial de las mismas, eliminando presiones innecesarias sobre el Banco Central de Bolivia (BCB), que ya no realizará préstamos a las empresas públicas, y garantizaremos su funcionamiento autónomo en el marco de su ley reguladora.

— ¿Mantendrá los bonos creados en los dos últimos gobiernos?

— Creemos siempre ha sido claro en este tema, estamos de acuerdo con los bonos que estén dirigidos a potenciar las políticas públicas esenciales, como la salud y la educación.

En este sentido, mantendremos los bonos, y en nuestro Plan de Gobierno “Todo por Bolivia” nos comprometemos a ampliar el Juancito Pinto a la educación inicial, lo que permitirá fortalecer desde temprana edad el sistema educativo.

Adicionalmente, y ante el tamaño de la actual crisis económica y sus consecuencias sobre la población, nosotros planteamos poner en marcha un “ingreso mínimo” de Bs 500 mensuales, por 18 meses, a las familias en situación de pobreza extrema, mediante la entrega de una tarjeta para que puedan adquirir alimentos y tener una canasta básica para enfrentar en mejores condiciones la situación.

— El litio parece ser una de las nuevas oportunidades para el futuro del país, ¿tiene planes para la industrialización?

— Esta es una de las grandes oportunidades que tenemos como país de insertarnos en la modernidad del mundo, que va a ser cada vez más tecnológica. La política del anterior gobierno en el tema fue un fracaso y nos está dejando fuera del escenario, pues si bien nuestro potencial es enorme existen otros jugadores que están mejor posicionados que nosotros.

Lo primero es que tenemos que ser realistas, y darnos cuenta que se necesitan enormes capitales para una explotación elevada del recurso, por lo menos $us 5.000 millones, y que debemos estar conectados con los demandantes de litio, esto es las automotrices y fabricantes de celulares.

Debemos generar las condiciones legales para poder atraer capitales de riesgo internacional que entren a la explotación del litio, principalmente en el Salar de Uyuni, y que desarrollen el material hasta el nivel batería, lo que nos permitiría entrar en los mercados grandes de demanda del producto, además de obtener cuatro veces más ingresos por los mismos volúmenes producidos.

El salar de Uyuni tiene aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados y solo se están explotando parcialmente por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 420. Y esta política debe estar orientada para que por lo menos el ciclo completo hasta la producción de grandes baterías se concrete en Potosí. Las condiciones logísticas del país por su meditarreneidad no permiten pensar en la fabricación industrial de autos. Este recurso estratégico tiene que dejar importantes recursos al departamento de Potosí para que sean la base de su desarrollo, además de convertirse en un polo de desarrollo y generación de fuentes de empleo.

— ¿En cuanto a la agroindustria y su desarrollo, optará por la ampliación de la frontera agrícola o el uso de la biotecnología, o ambos?

— Sí, promoveremos el uso de la biotecnología. La demanda de alimentos que tiene el mundo es una oportunidad que no podemos desaprovechar como país, pues estamos en condiciones de ayudar a abastecer de alimentos al planeta, lo que nos permitirá crear mayor número de fuentes de trabajo, crecer más y mejorar las condiciones de vida de la población.

Regularemos el uso de la biotecnología en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado vigente, que en su artículo 409 establece que este tema deberá ser regulado por Ley, que propondremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El uso de la biotecnología se realizará de manera regionalizada, para proteger la riqueza genética vegetal que tiene Bolivia como origen de variedades de productos como maíz y papa. El uso de la biotecnología aumentará la competitividad de nuestra agropecuaria, nos permitirá aumentar los niveles de productividad y nuestra economía crecerá más.

— Otro de los puntos álgidos que dejó la pandemia es el de la crisis en el sector salud. ¿Cuáles son sus planes, apoya que se destine el 10% del presupuesto?

— Creemos dentro de las actualizaciones al Plan de Gobierno como consecuencia de la pandemia, ha asumido como propia la propuesta del Padre Mateo de destinar el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) al sector de la salud, y lo implementaremos cuando seamos gobierno.

Obviamente, esta medida por sí sola no va a solucionar los problemas de nuestro sistema de salud, pero es un paso adelante en la dirección correcta, y permitirá al sector contar con un volumen de recursos que permitan adoptar las medidas necesarias como la ampliación de la capacidad de atención, la instalación de centros de salud en todas las comunidades de Bolivia, el establecimiento de un verdadero seguro de salud gratuito que denominamos “Seguro Universal”, entre otras.

— ¿La educación a distancia, las clases virtuales o el retorno a las aulas, qué priorizará si es gobierno?

— La crisis sanitaria del COVID-19 va a provocar una transformación muy profunda del mundo que conocimos antes de su llegada, donde las actividades presenciales se combinarán con las virtuales o a distancia.

Hay que estar preparados para este desafío, especialmente en un área tan sensible para el futuro del país y de las personas como es la educación.

Bolivia es un país que siempre ha llegado tarde a todas las revoluciones del conocimiento que ha atravesado la humanidad, por lo que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para no perder esta oportunidad y aprovechar las innovaciones tecnológicas existentes para transformar nuestra sociedad y nuestra economía.

Proponemos la transformación digital del país, a través de la “Bolivia Creativa e Inteligente”, que pretende lograr transformar la administración pública en cinco años mediante la tecnología para terminar con la burocracia, las colas y los trámites presenciales. En 2025 las personas solo deberán acudir a una oficina pública a recoger físicamente su cédula de identidad, pasaporte y título de propiedad de un bien. Se ampliará la red de fibra óptica del país a través de ENTEL, para que no haya rincón de nuestro territorio donde no llegue esta infraestructura básica, además de poner en marcha la tecnología 5G que permitirá mayor velocidad y ancho de banda.

Todas las unidades educativas de Bolivia tendrán acceso al internet, lo que nos permitirá contar con la infraestructura necesaria para mejorar nuestra educación y su acceso en momentos como el actual donde no hay clases presenciales.

El Ministerio de Educación, en alianza con operadores del mercado de las telecomunicaciones, desarrollará las plataformas necesarias para permitir la educación de forma virtual, y se apoyará a los estudiantes de menores posibilidades el acceso a dispositivos digitales para disfrutarla.

— Un nuevo pacto fiscal, mucho se habla pero poco de hace. ¿Qué planes tiene al respecto?

— El pacto fiscal en el país no ha avanzado por la visión centralista que ha tenido el MAS durante los 14 años que gobernó el país, y que nunca tuvo ningún interés en profundizar la descentralización o aplicar las autonomías, y mucho menos repartir los recursos fiscales entre todos los niveles de gobierno.

Nosotros planteamos poner en marcha un proceso de diálogo entre el nivel central del Estado, las gobernaciones y los municipios, para discutir y consensuar un pacto fiscal que se aplique a partir de 2023.

La elección de esta fecha no es caprichosa, ya que se debe a la situación de crisis económica que atraviesa el país, que ha alterado de forma dramática los ingresos fiscales, lo que dificulta poder construir una estructura de distribución de recursos eficientes.

Las medidas que aplicaremos nos otorgará estabilidad económica a partir del segundo semestre de 2022, momento en el terminaremos la negociación del pacto fiscal sobre bases reales.

— La tecnología ofrece hoy grandes oportunidades de desarrollo y en todo el mundo se está haciendo algo para aprovecharla. ¿Qué planes tiene usted?

— Bolivia tiene que aprovechar la oportunidad que nos presentan los avances tecnológicos existentes y pasar a ser la Bolivia 4.0, que en nuestro Plan denominamos la “Bolivia Creativa e Inteligente”.

Planteamos una revolución tecnológica profunda, que permita la digitalización del país. Una de las medidas más importantes que pensamos implementar en el gobierno es la digitalización y simplificación de todos los trámites que deben hacer las personas, naturales y jurídicas, con instituciones del Estado, hasta lograr que sólo deben requerir la presencia física para recoger la cédula de identidad, pasaporte y títulos de propiedad.

La simplificación será una tarea que comenzará desde el primer día, y manteniendo la exitosa experiencia de FUNDEMPRESA cuya concesión ha sido ampliada por 15 años y que será uno de los centros neurálgicos de nuestro proceso de modernización y digitalización.

El objetivo es lograr que antes de finalizar 2021 el proceso de presentación de documentos y la apertura de una sociedad comercial, esto es una empresa, demore sólo 48 horas incluyendo la obtención del NIT por parte de la autoridad tributaria. Esto se logrará mediante la puesta en línea de los servidores de ambas instituciones y el trabajo simultáneo por parte de los interesados en abrir una empresa.

Esta medida permitirá mejorar el ecosistema empresarial nacional, especialmente para jóvenes y emprendedores, lo que servirá de plataforma para su desarrollo y expansión. Igualmente el proceso de cancelación de una matrícula de comercio y un NIT se realizará de forma simultánea y demorará 24 horas.

Todas estas medidas serán una oportunidad para las empresas tecnológicas nacionales, pues contarán con un gran mercado local para desarrollar sus emprendimientos. Para poder lograr este objetivo debemos masificar la red de fibra óptica del país, a lo que se dedicará la inversión de la Empresa nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en los próximos años de forma intensiva.

Mejorando la velocidad y capacidad de carga de datos de las redes de fibra óptica estaremos en condiciones de facilitar el desarrollo de una industria de servicios tecnológicos para el país, que agreguen valor intelectual a sus productos.

Convertiremos a Cochabamba en el centro tecnológico del país, y sede de todas las bases de datos y servidores nacionales, o Big Data, que se instalará en el edificio construido para la UNASUR y que sólo se utiliza para festejos de bodas.

— Las mujeres sufren varios problemas en el país, pero el más grave es la violencia. ¿Cómo piensa atacar este mal?

— Nosotros enfocamos el tema de género desde la perspectiva de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, superando los últimos obstáculos que todavía existen en nuestra sociedad. Proponemos regular mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la igualdad salarial entre hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo, ya que hoy las mujeres de forma injustificada ganan un 30% menos.

Del mismo modo, proponemos modificar el Código de Comercio y otras normas para establecer un porcentaje de participación mínima de mujeres en los directorios de las empresas, así como en las direcciones de las organizaciones empresariales, gremiales y sociales. Cuando seamos gobierno, la mitad de los directorios y estructuras gerenciales de las empresas estatales estará ocupado por mujeres.

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, que presenta tasas alarmantes, proponemos aumentar el presupuesto, medios y equipamiento de las unidades de la Policía Boliviana y del Ministerio Público encargadas del tema, para que puedan atender de una forma integral, multidisciplinaria y efectiva a las mujeres que sufren esta violencia.

Se trabajará en un ajuste del Código Penal para que estos delitos aberrantes tengan una condena acorde con el delito que suponen, y que los procesos se agilicen y protejan de una manera adecuada a las mujeres.

Como una forma de facilitar la independencia económica de mujeres sometidas a violencia de género, que muchas veces no pueden abandonar sus hogares violentos por no tener trabajo, proponemos que las empresas privadas que tienen plantillas de más de 50 trabajadores contraten obligatoriamente a mujeres que sufren esta situación, con todas las medidas de protección necesarias.

— Otro de los problemas importantes hoy en día son los incendios, unos son provocados pero otros son producto del cambio climático. ¿Cuáles serán sus políticas?

— Los incendios forestales son un serio problema para nuestro medio ambiente y la riqueza natural de Bolivia, que debe ser atacado modificando las condiciones que pueden provocar los mismos.

Planteamos poner en marcha un ambicioso plan de trabajo que permita acceder a los productores agropecuarios del país, especialmente a los pequeños y medianos, a insumos, herramientas, paquetes tecnológicos y soluciones productivas que vayan eliminando la práctica de las quemas de pastizales y de los chaqueos, para que un plazo máximo de siete años no se utilice la quema como práctica.

Paralelamente, sólo se dotarán tierras para asentamientos humanos donde el correspondiente Plan de Uso del Suelo (PLUS) permita el desmonte y la realización de actividades agrícolas y pecuarias, para evitar la destrucción de la cobertura forestal donde no corresponde. Finalmente, se debe unificar toda la normativa ambiental del Estado en un solo cuerpo legal, que establezca de forma clara las sanciones a los que provoquen los incendios forestales, y que las penas estén relacionadas con el daño ambiental y social que generan.

En cuanto al combate del cambio climático nuestra propuesta central es la descarbonización de la economía de Bolivia, dando un gran impulso a la movilidad eléctrica, para que se vaya masificando y así dejemos de contaminar con los motores a combustión. Nos planteamos que en 2025 todo el transporte urbano en las ciudades de Bolivia sea realizado por vehículos eléctricos.

Adicionalmente, todas las inversiones en proyectos de generación eléctrica de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a partir de 2021 serán con energías renovables, además de que se industrializarán los vertederos municipales de las principales áreas metropolitanas del país para generar electricidad.

— Una de sus promesas como dirigente cívico fue la paridad de salarios entre policías y militares, ¿cómo piensa que se puede cumplir?

— La nivelación salarial entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas no es una propuesta de Luis Fernando Camacho, es una decisión adoptada por un cabildo a los pies del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En este sentido, asumí esa determinación y la incorporé al Plan de Gobierno “Todo por Bolivia”, y la cumpliré cuando sea Presidente del Estado.

En la actual situación económica y ante la dimensión de la crisis, la nivelación no se podrá hacer de manera inmediata, por lo que hemos propuesto reducir la brecha salarial existente en un 20% por año a partir de 2021, para que la nivelación esté totalmente completada en la gestión 2025.

— En un foro emitió un comentario acerca de las mujeres que le mereció muchas críticas, como ser machista. ¿Qué responde ante ello?

— Una presentación que hice ha sido utilizada por la oposición de forma repugnante, queriendo mostrar falsamente que soy machista.

La realidad hoy en nuestro país y en casi todos los países del mundo, es que los jóvenes y las mujeres se enfrentan a un dilema para acceder al mercado laboral, ya que en muchos casos tienen que escoger entre seguir estudiando y tener familia, para lo que proponemos establecer la contratación por horas, que permita a todas las personas compaginar el trabajo con otras actividades.

Yo soy una persona que no es política y que no habla bonito, nuestra propuesta es  facilitar la contratación por horas, que es una medida modernizadora y que existe en casi todo el mundo.

— Hace un tiempo una grabación, en este caso a Marco Pumari, lo puso en aprietos, ¿qué comentario le merece ahora?

— Ese es un tema que ya fue aclarado oportunamente, especialmente por Marco, y que no merece mayores comentarios.

— Sus adversarios políticos dicen que usted representa a la nueva derecha fascista. ¿Qué les puede responder?

— La alianza Creemos representa la esperanza del pueblo de Bolivia de transformar nuestro país en un mejor lugar para vivir, trabajar y desarrollarse, donde no haya privilegios para nadie y menos para la clase política, donde todos podamos realizar nuestros sueños.

Esa esperanza la recogí personalmente cuando acompañaba a la gente en sus vigilias en las rotondas, parques y plazas de todo el territorio nacional durante los 21 días de lucha del pueblo para derrotar la tiranía de Evo Morales.

Los que nos descalifican de esa manera lo hacen porque es la única forma que tienen de hacer política. Denigrando e insultando. Esa es la vieja política, y la vamos a relegar al lugar que les corresponde, en el basurero de la historia.

— También su adversarios dicen que lo ocurrido en noviembre del año pasado fue un golpe de Estado, ¿qué dice usted?

— Eso es un desvarío y una dolorosa acusación, no a mí, sino a los miles de jóvenes y mujeres que dieron un paso al frente y enfrentaron la más poderosa dictadura de la historia de Bolivia, arriesgando sus vidas y sus familias, por recuperar su democracia y su libertad, y así poder construir el país que se merecen. En resumen, es algo tan ruin que no merece mayor respuesta.

— Finalmente, las encuestas lo muestran en un tercer lugar, un poco distante de los dos primeros. ¿Su candidatura tiene más una visión de mediano o largo plazo?

— Nuestra candidatura solo tiene un objetivo, y es ganar las elecciones de 18 de octubre de 2020, y si es posible en la primera vuelta. No tenemos plan B y no pensamos en otra cosa.