Para Vargas Rivas, un ejemplo de burocracia institucional se expresa en los requisitos que deben cumplir las naciones originarias como en el caso de la Autonomía de Charagua Iyambae que vivió un proceso de 14 meses para obtener el pronunciamiento Constitucional Plurinacional sobre su Estatuto Autonómico en relación a otros que esperaron un máximo de tres meses.

“La Autonomía de Charagua tuvo que esperar 14 meses para un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la Constitucionalidad de su Estatuto Autonómico, cuando algunos departamentos apenas tuvieron que esperar menos de 3 meses para que sus Estatutos sean declarados en carácter de constitucionalidad plena”, señaló Vargas Rivas dentro el conversatorio virtual “ Autonomía Indígena: Libre determinación de los pueblos indígenas”, organizado por CIPCA Santa Cruz.

Según Vargas Rivas, además de la burocracia, los pueblos indígenas enfrentan otras limitaciones al momento de consolidar sus Estatutos de Autonomía Indígena Originaria Campesina, entre ellas están la negación militante de autoridades municipales, es decir, de los alcaldes.

De esta manera, de 19 postulaciones para la conversión de municipios a autonomías indígenas, 12 consiguieron su habilitación mediante referéndum, de ese número actualmente sólo 4 autonomías están en ejercicio: Charagua Iyambae (Santa Cruz), Ragaypampa (Cochabamba), Uruchipaya y próximamente Salinas Garci de Mendoza (Oruro).  

Asimismo, existe el desafío para las autonomías de construir una institucionalidad con normas y con procedimientos que requieren de un mecanismo de control comunitario y con mayor participación de la población. En ese sentido, resaltó la relevancia del reconocimiento constitucional y legal de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) de Bolivia como un  Estado “Plurinacional”.

“Es un importante desafío para que nuestros servidores públicos empiecen a pensar que este Estado había sido Plurinacional y dejar el colonialismo interno que nos ha dejado el Estado republicano que había sido muy pesado y un poco difícil quitarse esa carga de nuestra conciencia”, aseguró.

Por otra parte, Vargas indicó que es necesario fortalecer los mecanismos de gestión territorial de los Pueblos Indígenas. Esto permitirá la implementación de políticas públicas que emerjan desde las mismas autonomías para sus territorios.

“Falta una ley que permita a la Autonomía Charagua Iyambae,  que todavía su territorio está en la clasificación de unidad territorial municipal, que  pueda a través de un trámite breve cambiar  la naturaleza de ese territorio porque  el Territorio Indígena Originario Campesino tiene una naturaleza distinta a la Unidad Municipal Territorial  por el hecho del privilegio  que tienen los pueblos indígenas al uso directo de los recursos naturales”, dijo.