La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Chuquisaca, quien también es parte del Comité de Mujeres de Organizaciones Sociales contra el Acoso y Violencia Política, Uganda Vedia, dijo que a seis años de promulgada la Ley 243 persisten los problemas respecto a su cumplimiento, tal como lo demostró un estudio el estudio "Por una vida libre de violencia", realizado entre el 21 y 22 de mayo en La Paz.

"Habernos identificado como mujeres víctimas de violencia política dentro de las diferentes organizaciones a las cuales representamos ya es un paso importante, pero más aún ha sido el poder transmitir estas experiencias a otras mujeres de otras organizaciones", explicó.

En el encuentro participaron diferentes organizaciones sociales del país quienes tuvieron un diálogo con la autoridad de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), Maysa Ureña; la vicepresidenta del Tribunal Departamental (TDE) de La Paz, Florencia Laruta, y la representante de la Asociación de Concejales de La Paz, Mónica Patxi.

"Por una vida libre de violencia", fue realizado con el apoyo del Programa Urbano de Unitas y la Fundación Machaqa Amawta.

En este marco, las organizaciones sociales instaron a las representantes de organismos estatales, departamentales y municipales a trabajar de manera coordinada y en conjunto, bajo una articulación plural con un beneficio común: el lograr una mayor participación -libre y segura- de mujeres en la política nacional desde sus bases orgánicas.

El estudio mostró que un 82 % de mujeres de organizaciones sociales considera que las instituciones estatales no cumplen con la garantía de protección, según el boletín de prensa de Unitas.

BAJO EL PARAGUAS DE LA LEY 243

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (Emaut) en el Beni, es una de las primeras organizaciones sociales en el país que logró incorporar en sus estatutos y reglamentos internos elementos para enfrentar el acoso y la violencia política hacia las mujeres.

En el encuentro, el presidente de la Emaut, Marcial Arce, explicó el proceso que vivió la organización, destacando que los cambios deben partir de los pensamientos estructurales en los hogares de los trabajadores, lo que a su parecer permitiría que las mujeres se den cuenta que son capaces de ejercer cargos de liderazgos, "incluso mejor que los hombres", señaló:

"Nosotros hace tres meses hicimos la socialización (de la Ley 243) a nuestras bases para que se apruebe en nuestro estatuto y la reglamentación del mismo. Ha sido difícil incorporar la Ley 243, pero beneficiosa también, porque desde ahora va a haber una equidad de participación entre hombres y mujeres", adelantó Arce.

Arce está convencido que la adecuación de los reglamentos internos en los estatutos de las organizaciones sociales hará que más mujeres lleguen a ejercer cargos dirigenciales con igualdad de oportunidades.

"Espero que en un futuro exista una presidenta del sindicato", relató Arce.

Por otra parte, Anel Oliver, de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Ominab), piensa que la adecuación de los estatutos y reglamentos internos repercuten fuertemente en la representación a futuro de más mujeres en cargos políticos nacionales.

"Influye mucho (sobre adecuación de estatutos internos) el no tener una representante mujer por la vulneración de derechos que sufren nuestras hermanas, no se animan, estamos trabajando en esto para que tengamos como mujeres del norte amazónico una representación, queremos alcanzar esa meta", señaló Oliver.

La Ominab también compartió sus experiencias de adaptación de estatutos junto con otras cuatro organizaciones sociales la Comunidad Huancanipampa/Prov. Muñecas, el Sindicato de Trabajadores/as de la Entidad Municipal de Aseo Tarija (Stemat), el Sindicato de Trabajadores del Servicio Municipal de Aseo Urbano (Semasur) Pando y la Comunidad Huaynapata Municipio de Uaycapata.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y SANCIÓN

El proceso de construcción de propuestas desde las organizaciones sociales para el protocolo de atención y sanción en casos de acoso y violencia política hacia las mujeres es un estudio trabajado en base a talleres y reuniones con participación de 90 organizaciones sociales de diferentes lugares del territorio nacional.

El estudio indica que en las organizaciones sociales rurales y urbanas las mujeres encuentran barreras para el acceso y ascenso a espacios de decisión. Razón de ello, que a través de prejuicios machistas y el ejercicio activo del acoso político, las mujeres se repliegan a funciones accesorias. Además, son desplazadas de la toma de decisiones e incluso sus carreras dirigenciales son truncadas y por ende, su subsecuente participación en otros ámbitos de la política.

El trabajo también muestra que tan solo el 14 % de las organizaciones sociales encuestadas tienen un mecanismo interno (reglamentos, estatutos) de prevención y atención en casos de acoso y violencia.

Es así que el acceso a la justicia sigue siendo la principal problemática que viven las mujeres lideresas.

Otros datos del estudio, indica que las mujeres reclaman por la corrupción, discriminación, influencias político-partidarias, falta de recursos, poca transparencia y desconocimiento de la Ley 243 por parte de los funcionarios que reciben denuncias 

El Comité de Mujeres de Organizaciones Sociales contra el Acoso Político, está conformado por mujeres de La Paz, Cobija, Riberalta, Santa Cruz y Sucre, trabaja desde el año 2012 impulsando primero la reglamentación de la norma y posteriormente en la socialización y seguimiento a la implementación de la Ley 243.

"La Ley 243 todavía presenta limitaciones en su implementación en los procesos de construcción de mecanismos de prevención, atención y sanción en otras plataformas, además de los espacios tradicionales de participación política como son la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Departamentales, Gobernaciones y Alcaldías Municipales", recalcó Vedia.

La construcción del estudio incluyó un diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia de mujeres de organizaciones sociales la cual fue realizada en coordinación con la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO).

"Nosotros estamos trabajando como ente rector en un protocolo más amplio a nivel nacional", aseveró la autoridad de la Dirección general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia del VIO, Maysa Ureña.

Ureña precisó que la propuesta del protocolo de atención a denuncias dentro de la Ley 243 se encuentra en borrador y está todavía en proceso de revisión.

"Después (de la revisión) les vamos a llamar a todas las organizaciones de mujeres, concejalas, asambleístas, para revisar entre todas y validemos ese borrador y esperamos tener algo listo hasta fin de año. Ojalá", finalizó Ureña.

OTROS DATOS RELEVANTES DEL ESTUDIO

El estudio realizado a través de estos talleres de socialización, en el que participaron cerca de 90 organizaciones sociales a nivel nacional, mostró la poca confianza que tienen las mujeres en cuanto a garantías de protección en casos de acoso y violencia política.

"Realmente es una gran pena, pero no se brinda un apoyo con información necesaria (cuando se hacen las denuncias), es más un gasto y la persona que a veces es denunciante es la que no tiene recursos por lo cual sale perdiendo", indica una dirigente de Sucre.

Según el estudio, con respecto a la denuncia, las mujeres enfrentan problemáticas que van desde la retardación de justicia, burocracia, poco seguimiento, pocos recursos hasta amenazas de los fiscales.

Muchas mujeres indicaron que el personal de las instancias estatales como son la Policía, Ministerio Público y Órgano Judicial desconocen la Ley 243 y no se especializan en estos campos.

"No, no toman en cuenta los casos de acoso y violencia política, argumentan que no les corresponde a ellos llevar adelante estas cosas, o que no existe una base para hacer la denuncia correspondiente", comentó una de las participantes desde La Paz. El estudio señala que los cuestionarios fueron completados por 74 personas que forman parte de organizaciones sociales de Bolivia, de manera individual en cuatro ciudades: La Paz (con organizaciones también de Oruro y El Alto) (25), Cobija (21), Riberalta (12) y Sucre (16). Y de manera grupal en Santa Cruz (3 grupos).