Según el ranking elaborado por WPJ, el país ocupa el puesto 104 de 113, por debajo de naciones como Nigeria, Bangladesh y Honduras.
Respecto a Latinoamérica y el Caribe, Bolivia es el penúltimo país en el índice, sólo superando a Venezuela, que ocupa el último puesto del ranking.
El índice, es elaborado anualmente por la organización mediante 1.000 entrevistas a docentes de derecho y abogados en las tres ciudades más importantes de cada país y toma en cuenta ocho parámetros para calificar el estado de derecho sobre una puntuación que va del 0 al 1.
Estos parámetros son: restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, transparencia, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
Según el informe,   en Bolivia, el  estado de derecho a menudo es eludido, y el sistema en sí mismo es muy débil e ineficiente. La corrupción y la falta de transparencia son un problema constante  y de acuerdo con los criterios de Ausencia de Corrupción, Bolivia ocupa el lugar 103.
En cuanto a restricciones a los poderes del Gobierno, Bolivia se ubica en el puesto 102 de 113 del ranking global y el 27 de 30 en el regional.

En transparencia y apertura del Gobierno, la puntuación alcanzada sitúa a Bolivia en el puesto 88 de 113 en el ranking global y en el 28 de la región.
Sobre el respeto a los derechos fundamentales, el país ocupa el puesto 80, siendo este el mejor puntaje alcanzado en el estudio.
En el parámetro de orden y seguridad, que mide la percepción de los encuestados respecto al trabajo de la fuerza policial, Bolivia alcanza el puesto 101, mientras que en cumplimiento normativo ocupa el puesto 90.
El parámetro con menor puntaje de la encuesta realizada en el país es el de la aplicación de la justicia civil, llegando al puesto 108. Al respecto,   la mayoría de los participantes en la encuesta respondieron que, aunque tuvieron una disputa en los últimos 12 meses, decidieron no hacer nada al respecto por la falta de confianza en el sistema.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados concluyó  con el tratamiento en detalle del Proyecto de Ley 122 Código del Sistema Penal después de cinco meses de trabajo y lo remitió a la Cámara de Senadores para su revisión. La norma busca reparar el daño en lugar de encarcelar a los acusados.
De acuerdo con los legisladores, el Código del Sistema Penal busca acabar con tres males de la justicia: la retardación, corrupción y la burocracia y establece que la justicia no se ocupará sólo de encarcelar a quienes infrinjan las normas, sino de reparar el daño a la víctima, priorizando a la víctima en todos los conflictos.

Punto de vista
VÍctor Borda Diputado
“No se usaron criterios técnicos”
No nos sorprende ese dato, pero considero que se trata de una suerte de complot internacional para hacer ver a Bolivia como un infierno judicial.
Lamentablemente creo que estas organizaciones internaciones no toman criterios técnicos sino cuestiones políticas para elaborar sus informes.
Es cierto que en la región se han venido dando  una sistemática vulneración de las garantías y derechos fundamentales, considero que el puesto en el que se nos sitúa no responde a un análisis certero de la realidad.
En México, por ejemplo, se secuestró y asesinó a estudiantes y la justicia no hizo nada al respecto y en Chile se han suspendido los derechos fundamentales a los pueblos indígenas y a pesar de eso, nosotros nos encontramos por debajo de esos países en este índice.
Respecto a la corrupción, es algo que siempre ha existido en el sistema de justicia, pero es este gobierno el que hace esfuerzos para poder erradicarla.