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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: martes 13 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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“Hasta el día de hoy, a casi un año de las acciones que planteamos, no hay nada. Se les vencieron todos los plazos, nadie dice nada, creo que están esperando quién se queda en el Gobierno para definir el sentido del fallo”, aseguró ayer uno de los abogados que planteó la nulidad de la polémica sentencia, Arturo Yáñez.
El 23 de noviembre de 2019, 13 días después de que Morales renunciara al cargo, el 10 de noviembre, varios abogados constitucionalistas del país, José Antonio Rivera, William Bacopé y Yáñez, entre ellos, pidieron al TCP la nulidad de la Sentencia Constitucional 084/2017, ya que los tribunos que la dictaron, calificaron “arbitrariamente” a la reelección indefinida como un derecho humano, tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Bascopé señaló que el TCP no emitió ningún pronunciamiento hasta la fecha, pese a que su presidente Paul Franco, en diciembre del año pasado, dijo que “se había procedido a su sorteo y será en breve, la sala correspondiente, la que tenga que emitir una resolución”.
El abogado y exfiscal general Pedro Gareca, denunció que desde hace nueve meses el TCP no se pronuncia sobre las acciones en contra de la SC 084/2017, pero sí lo hizo en otros casos que ingresaron después, como el auto que deja en suspenso el pedido de la cancelación de la personería jurídica del MAS.
“Nos llama la atención que cuando se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por el MAS, que ingresó el 3 de agosto de este año, la Comisión de Admisión priorizó y se pronunció, pero tiene pendiente desde hace nueve meses el pedido de la nulidad de la sentencia sobre la reelección y por el que hasta la CIDH ya se pronunció, rechazando la reelección indefinida”, aseguró.
CORREO DEL SUR pidió ayer información sobre la situación de este caso, pero en el TCP no hay una respuesta.
DENUNCIA PENAL
El abogado Bascopé señaló que denunciaron por prevaricato a los exmagistrados que firmaron la sentencia para favorecer a Morales, pero nueve meses después, la Fiscalía no da muestras de haber avanzado en la investigación.
“No investigó nada, lo máximo que hizo fue citar a algunos extribunos, pero no a otros testigos que conocen cómo se habría perforado la Constitución”, enfatizó.