Aunque los actos masivos están aún restringidos por la pandemia de la COVID-19, muchos candidatos que concurren a las elecciones generales del próximo 18 de octubre han insistido en realizar caravanas de vehículos y caminatas, entre otras actividades en las que se cuida poco la bioseguridad.

Uno de los más activos fue el exministro Luis Arce, postulante presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que este domingo visitó la populosa Feria 16 de Julio, un enorme mercado callejero que se instala dos veces por semana en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Los candidatos a diputados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que postula al expresidente Carlos Mesa, también tuvieron caravanas y caminatas en el sur, norte y oeste paceños.

Arce aparece como favorito en las encuestas preelectorales, aunque sin la ventaja suficiente por ahora para lograr el triunfo en primera vuelta, seguido por Mesa, con quien podría disputar la Presidencia en una segunda.

La Constitución y la ley electoral establecen que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50 por ciento más uno de los votos, o al menos el 40 por ciento con una ventaja de 10 puntos porcentuales por encima del segundo más votado.

Además de Arce y Mesa participan otras cinco candidaturas, incluido el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, tercero en las encuestas, mientras que los restantes no llegan al 5 por ciento de la preferencia.

La campaña ha transcurrido con episodios de agresiones a candidatos, enfrentamientos entre militantes de distintos partidos y acoso a un responsable del órgano electoral.

Esto llevó a que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica lanzaran una alerta por el "clima de tensión y confrontación política" en el país, con un pedido a que el proceso electoral transcurra de forma pacífica.

Las tres entidades han acompañado desde hace un año los distintos diálogos para superar crisis como la ocurrida tras las fallidas elecciones de 2019, o los recientes conflictos registrados en agosto pasado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya reclamó anteriormente, desde comienzos de septiembre, que acaben los episodios violentos, como también demandaron entidades como la Defensoría del Pueblo.