Al inicio de su intervención, el viceministro aclaró que el asunto no tiene nada que ver con una persecución política, sino que es una investigación que está respaldada con documentos, testimonios y aspectos técnicos recabados por las unidades de investigación del país.

El inicio y los mexicanos
Santamaría explicó que el inicio de este escenario se dio con la llegada de 20 ciudadanos mexicanos, quienes están identificados y se conoce que son funcionarios del actual Gobierno de México. Llegaron el 26 de agosto y se reunieron a puertas cerradas con las autoridades del Gobierno de Evo Morales, jefes de tecnologías de los ministerios y de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

"Usaron una oficina pública para conspirar y diseñar el fraude", apuntó el viceministro al explicar que en esa reunión se dio la instrucción de no registrar el ingreso de estas personas y aquí se gesta la idea de articular un software paralelo.

Estas personas también obtuvieron la ayuda de un ciudadano venezolano y ocuparon tres plantas de un hotel de La Paz. Toman vuelos, salen del país, se contactan con autoridades y Santamaría aduce que urge conocer cuál es el interés que tenían, quién los trajo y cuál es el motivo de facilitarles datos e información del Órgano Electoral y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según la investigación, este grupo armó un sistema para hackear el programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y fue así que se dio lugar para cambiar la tendencia de los votos y declarar como ganador a Juan Evo Morales en primera vuelta. "Todo está documentado", reiteró Wilson Santamaría.

Estos mexicanos eran asesores, expertos en informática y realizaban acciones aparentemente dirigidas al fraude electoral, según el Gobierno, y salieron del país  cuando se descubrieron indicios del fraude electoral.

Fallas e irregularidades en el TREP

Santamaría recordó que el software para la transmisión de resultados, dotado por la empresa Neotec, fue cortado y se congeló el sistema. Los vocales del Órgano Electoral abandonaron la sala de cómputo y se fueron a la oficina donde se encontraba la central de infraestructura tecnológica, donde había otro servidor tecnológico para cargar los votos

"Se van cargando 30.000 votos que no cumplen el proceso de validación. Es algo grave ya que se descubre que hay una asociación delictuosa para robar la democracia al país", manifestó Santamaría, quien también agregó que había funcionarios públicos 'superpoderosos' que estuvieron en la escena para pedir acceso a la información, tema que no les correspondía porque es información clasificada.

Entonces, hay evidencia del uso de un padrón electoral con personas fallecidas y esto se ocultó a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la verificación, organismo internacional que dio cuenta del fraude. A auditores de la OEA les ocultaron la presencia de este servidor. Evo y su banda apelaron a otros informes para desacreditar un trabajo responsable de la OEA, desde donde se vio mal manejo del proceso electoral", apuntó el viceministro.​

Con esto se habría ayudado a inflar el porcentaje de votos en favor del MAS, de acuerdo con la autoridad, y es algo que se notó al aparecer denuncias de personas que reportaban que sus familiares fallecidos aparecían como votantes.

Aquí también entran en escena los ciudadanos mexicanos y el viceministro ve esto como una intromisión a la soberanía boliviana, servidores del Gobierno del presidente de México, Manuel López Obrador, de acuerdo al reporte de la investigación.

Entonces, ¿quién tiene responsabilidad? Santamaría responde que Neotec, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales de cada departamento.

El TED de La Paz y Juan Ramón Quintana

A decir de Santamaría, en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz hubo una "grosera manipulación informática y electrónica" que cambió el cómputo y se dio también un fraude físico, ya que se verificó que se rompió la cadena de custodia del material electoral.

El viceministro expuso que los notarios son los responsables de recoger las actas, pero se recabó información y testimonios de que los notarios no llegaron a recoger tales documentos, sino que fueron otros funcionarios y coordinadores quienes depositaron la información en los centros de cómputo.

"Se esta identificando a los notarios porque en estas actas hay otros problemas: además de romper la cadena de custodia, no coinciden los números con los cómputos, se usó un mismo bolígrafo para llenar varias actas, una misma persona llenó varias actas y unas 8.000 actas fueron sometidas a esta pericia,  está comprobado que fueron alteradas y manipuladas", sentenció Santamaría.