La participación de jóvenes en el ámbito público y político antes era preponderantemente directa: la toma de las calles, las plazas, la lucha espontánea para sentar presencia y plasmar los grandes ideales. Pero, con la crisis de la política de fines del siglo pasado, el de-sencanto de la participación de los y las jóvenes fue creciente, junto con la sensación de que no son tomados en cuenta en las decisiones públicas. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2012, con datos ajustados a 2014, la población entre 15 y 29 años -rango más próximo al establecido por la mencionada ley- asciende a 2.902.285 habitantes, que representan el 28,85% de la población nacional; una abrumadora mayoría vive en las áreas urbanas. Las inquietudes políticas de esta masa de jóvenes son casi imperceptibles, excepto cuando se suman a movilizaciones a favor o en contra del Gobierno o cuando sienten tocados sus intereses particulares, donde reina cierto  pragmatismo, la búsqueda de soluciones inmediatas, el aparente desinterés en lo público y lo general.

De acuerdo a la nueva CPE, los derechos políticos de los jóvenes comienzan a los 18 años edad, donde no solo son electores, sino también elegibles para cargos de asambleístas o concejales, 21 años para ser alcaldes, 25 para gobernadores, 30 para presidente y otros cargos jerárquicos, y la mayor exigencia de edad, de 35 años, rige para optar al Tribunal Constitucional, que parece ser un cargo que requiere de mayor experiencia  y, en su caso, sapiencia -en todo caso, mejor no remitirse a los recientes de noviembre-.

Si bien estas disposiciones han obligado a las organizaciones políticas a introducir en sus listas mayor cantidad de menores de 28 años, existe un gran déficit de participación juvenil. La propuesta que en su momento se lanzó del derecho a la ‘plaza juvenil’,  mediante una cuota de al menos el 20% de jóvenes para cargos jerárquicos, no fue aprobada.  

Los datos de las últimas elecciones  muestran que el 21,7% de los votantes eran jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. No obstante, en relación con su condición de elegibilidad, una evaluación de las candidaturas a cargos electivos  a escala nacional muestra que  solo el 11,9% son jóvenes menores de 28 años de edad, la mayoría postulados para suplencias. De ese total, solo accedieron a cargos 16 jóvenes como diputados plurinominales y 8 uninominales. A escala subnacional, el panorama no es mejor.  Para las elecciones de 2015, entre 12% y 13%  de los candidatos fueron jóvenes para municipios y departamentos, la mayoría suplentes.

Así, los espacios de participación real para los jóvenes en el ámbito institucional de la política es muy escaso, tampoco están presentes de manera permanente en las calles, aunque han encontrado espacios en el activismo y en las redes nuevas formas de participación que no son motivados por las grandes narrativas  del pasado, sino por problemáticas relacionadas con su vida cotidiana, marcando de alguna manera los nuevos signos para la política.