A pesar de que el Gobierno negó de manera insistente a través del Ministerio de Energía y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de que exista un estudio de impacto ambiental del millonario proyecto, la ficha ambiental basada en estudios técnicos preliminares, sube la proyección de superficie a inundarse a 59.548 hectáreas.

"Las provincias que resultarán afectadas en el departamento de Santa Cruz son Vallegrande y Cordillera y en el lado de Chuquisaca, la provincia Vaca Guzmán", advierte el informe.

La ficha ambiental elaborada por el Mmaya a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, se constituye en uno más de los requisitos que debe cumplir el Estado para ejecutar un proyecto de la envergadura de la hidroeléctrica estimada en 1.300 millones de dólares, al margen de la consulta pública, libre e informada que no la realizó hasta la fecha.

Ante la nueva arremetida, los peticionarios de la acción popular que buscan frenar las acciones administrativas y/o jurídicas de la hidroeléctrica, en tanto no se cumpla con los procedimientos de la consulta, analizarán el contenido de la ficha ambiental, pero también agotarán las instancias internas para hacer prevalecer sus derechos.

Una vez agotadas las instancias internas y la espera de los 40 días para que el tribunal revise la resolución del tercer juez, las comunidades guaraníes acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si se confirma el rechazo a la tutela planteada.



CLÁUSULAS

SUSPENSIVAS

El ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo que si bien existe un contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, este cuenta con cláusulas suspensivas.

"No se está ejecutando las obras en Rositas, no tenemos precio en el día, hay un contrato con cláusulas suspensivas, no tenemos financiamiento, es decir, no hay obra. No se está vulnerando derecho alguno", aseguró la semana pasada.

Sin embargo el abogado de las comunidades guaraníes, Nelson de la Madrid observó que las cláusulas suspensivas del contrato entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Asociación Accidental Rositas (AAR) no incluyen la consulta previa, libre e informada que se debía realizar a las comunidades indígenas y campesinas de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.

El jurista advirtió que incluso la asociación china podría demandar al Estado por incumplimiento del contrato luego de cumplirse las cláusulas suspensivas, sin que haya la consulta previa, libre e informada, porque no es un óbice para la ejecución del proyecto.

Dijo que además a estas alturas la consulta se limitaría a una acción meramente administrativa ya no cumpliría con las condiciones de libre, previa, ni informada, y menos aún de buena fe.