Medio: El Diario
Fecha de la publicación: viernes 09 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La acción de cumplimiento de la senadora Carmen Eva Gonzales resultó rechazada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre. Éste tiene 45 días para emitir su fallo, sea rechazando la decisión o confirmándola. Por tanto la decisión final se emitirá después de la elección del día 18 próximo, coartando el objetivo buscado, esto es, la no participación electoral del MAS por hallarse incurso en violación de la Ley de Régimen Electoral, la misma que sanciona con anulación de la sigla política la revelación de encuestas antes del plazo permitido, prohibición en la que incurrió el señor Luis Arce, candidato presidencial de ese partido. El término de 45 días indicado es el máximo, pudiendo la autoridad constitucional pronunciarse antes de éste.
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En dichas circunstancias, el recurso pierde el objetivo de excluir la participación electoral del MAS y el fallo se acoge a un escapismo jurídico que hace perder sentido al pedido planteado y no es otra cosa que denegación de justicia. Es más, en el Beni se anuló de un plumazo la elección de gobernador y de consejeros departamentales y provinciales hace algunos años. Más de cien candidatos de la oposición quedaron fuera de la elección a pocos días de su realización, favoreciendo al oficialismo del MAS sin competidores. Este antecedente de nada sirve a nuestra Justicia.
Nuevamente se plantea ante la ciudadanía que los Tribunales del país obran por conveniencias personales. Las leyes son aplicadas cuando favorecen a los grupos afines y negadas si no es así. No es el único caso, pues rige comúnmente en los tribunales y juzgados el soborno en metálico o por presiones de diferentes formas y demás corruptelas. En todos estos casos estamos ante un franco delito de prevaricato, sin embargo, como su decisión depende de los colegas jueces, “entre toros no hay cornadas”, y amén.
Cae la máscara de la Sala Constitucional y muestra su identidad con el partido de Evo Morales, a quien en síntesis le deben su selección para juzgadores, hecho que no fue ratificado en las urnas, bordeando el 70% de votos entre blancos y nulos. La mayoría no quiso implicarse en un proceso viciado de entrada. Esto resta legitimidad a los que la población se encuentra sometida. El presente caso salta a la luz pública por la proximidad de una elección nacional, empero son cientos de causas particulares en las cuales los litigantes son defraudados.
La justicia del país carece de confianza de propios y extraños y los transgresores de acuerdos, contratos y de la ley salen con la suya. A ese nivel inconcebible pero real, el denunciante resulta sancionado, mientras el denunciado queda impune. Dios nos salve de la justicia boliviana. Nuestra sensible realidad es esta, más que nunca evidenciada en medio de la “revolución de la Justicia” del MAS de los últimos catorce años.
