La concejala de Potosí, Azucena Fuertes, llegó a La Paz para presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud para que coadyuve en la denuncia, y afirmó que el Ministerio Público ya admitió el caso y lo investiga.  

El proceso surgió a denuncia de vecinos de la zona Alto Bracamonte que recibieron ocho máquinas de tejer del municipio, pero verificaron que las mismas estaban usadas, puesto que tienen signos de desgaste y hasta oxidación.

La concejala aseveró que frente a notario se constató que las máquinas son de origen japonés, marca Brother, pero las mismas sólo se hicieron en las décadas del ‘70 y ’80.

La Alcaldía aseveró que sólo cuatro de las máquinas tenían deficiencias y que se trata de compras menores, puesto que cada una costó a 1.300 bolivianos. Se ordenó una investigación interna y el alcalde Cervantes anunció que de haber responsables “rodarían cabezas”.

La denunciante aseveró que hizo cotizaciones en La Paz y constató que 1.300 bolivianos cuesta una máquina nueva, pero sostuvo que en el municipio potosino desde 2016 se llegó a pagar hasta 4.500 bolivianos por esos equipos.  

Fuertes estima que el daño económico es de 100 mil bolivianos, debido a que se supo que las máquinas fueron entregadas en varios distritos de Potosí.

Afirmó que el Ministerio Público ya ha admitido la denuncia penal por los delitos de incumplimiento de deberes y daño económico el Estado. Ahora pide que el Ministerio de Justicia se constituya en parte coadyuvante.

Señaló que por este tipo de casos, los alcaldes de Cochabamba y Oruro ya no ejercen su cargo y están cautelados. Pide que se actúe con la misma celeridad y rigurosidad con el alcalde potosino que es del Movimiento Al Socialismo (MAS).