Según el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dado a conocer el miércoles por el Procurador General del Estado, Alberto Morales, dos hijos del exministro de Economía y actual candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, registraron préstamos por más de 860 mil bolivianos, cuando tenían 20 años de edad. Desde el MAS señalaron que estas denuncias son parte de una "guerra sucia".

“En cuanto a los hijos del señor Luis Arce Catacora, el señor Luis Marcelo A. M. y el señor Rafael Ernesto A. M., registran préstamos por importes de Bs 334.560 y Bs 537.248, de los cuales se registran aportes propios de Bs 83.640 y Bs 230.000, de los cuales después de realizado el correspondiente análisis a sus cuentas personales no se registran retiros por importes similares en fechas próximas, por lo que se desconoce el origen de los fondos, asimismo llama la atención de ambos ya que al momento de realizar estas operaciones ambos se encontraban con 20 años de edad”, se lee en la parte de conclusiones del informe de la UIF.

La UIF da cuenta de movimientos económicos sospechosos en las cuentas bancarias del exministro de Economía y de su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero. El periodo de investigación va de 2006 al 31 de enero del 2020, y los movimientos económicos irregulares se detectaron entre 2011 y 2019, por cerca de Bs 6 millones en las cuentas personales de Arce.

"La UIF evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia", afirmó el procurador general del Estado, en conferencia de prensa.

Las irregularidades identificadas, según la autoridad, son por traspasos de recursos de fuentes ilícitas; flujos de dinero desconocido vinculados a su cargo; un incremento desproporcionado de los patrimonios, los cuales son compatibles con el delito de enriquecimiento ilícito.

Luego del análisis, la UIF concluyó que existen indicios que indican que Arce y Durán estarían incurriendo en los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en declaración, falsedad material e ideológica, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, beneficios en razón de cargo e incumplimiento de deberes.

El documento de la investigación fue notificado a la Procuraduría y a la Fiscalía el 24 de septiembre de este año para que se inicien las acciones correspondientes.