Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 08 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Tuvo lugar en el piso 21, en ambientes del Ministerio de Energía. Una reunión entre informáticos de algunos ministerios, el jefe de Gabinete del exministro Juan Ramón Quintana, Max Javier Eguivar Estrada, un abogado del Ministerio de Gobierno y Sergio Martínez, entre otros, sirvió para definir cómo se iba a realizar el fraude en las elecciones generales de octubre de 2019.
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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, lanzó este jueves el dato, sin precisar la fecha en el que tuvo lugar el encuentro, pero enfatizando que fue el escenario preparatorio de las irregularidades por las que se anuló ese proceso, dando lugar a la renuncia de Evo Morales y la convulsión social que vivió Bolivia.
“Hubo una reunión en la Casa Grande, donde hubo una instrucción al personal militar para que no se registren las reuniones ni el ingreso de las personas, ni el tiempo que permanecían (…) Ahí participaron para conocer el programa informático que permitiría la manipulación, eso puede contarse como un hecho previo, preparatorio del fraude, de quienes trabajaron el tema tecnológico, participó gente de la TT, jefes de tecnologías de varios ministerios y estos otros ciudadanos que tenían otro interés, otra misión para respaldar el tema”, explicó la autoridad.
La conferencia de prensa:
Detalló que el software utilizado para alterar la información del cómputo fue proporcionado por la empresa mexicana ‘Territorial Visor’, que proporcionaba a Martínez información cartográfica, del INE, del padrón electoral y otros insumos necesarios para planificar el cambio de los datos.
Ese funcionario había sido despedido del TSE en 2014, pero fue recontratado en septiembre de 2019 por la Sala Plena. Es considerado como el operador del fraude, por fungir como el encargado de informática y sistemas, y ahora se encuentra prófugo.
Dicha reunión en la Casa Grande del Pueblo sirvió también para designar como delegados políticos del MAS en El Alto y La Paz a los exministros Javier Zavaleta y Wilma Alanoca, ambos procesados por el caso fraude y por los hechos vandálicos registrados después de las elecciones.
Entre la información compartida se identifica a Ramón Díaz, que funge como comisionado del Partido de Trabajo de México, Jorge Romero, hombres de apellidos Huerta y Arce, todos forman parte de esa coalición, otro señor Pacheco, abogado del ayuntamiento de Cuernavaca, otro regidor de Monterrey, uno del congreso de México y un señor Castellanos que trabaja en Oaxaca, detalló la autoridad.
