Morales acusó a políticos e informáticos mexicanos de visitar Bolivia antes y durante las elecciones y tener contacto con Quintana para manipular datos, instalar un servidor externos al del Tribunal Electoral y “violar la soberanía del voto popular”.

Dijo también que son de la línea del Grupo de Puebla, que agrupa a partidos políticos de izquierda en el continente, como el MAS de Bolivia.

Desde México, a través de un comunicado de la Embajada, rechazaron las acusaciones de participación en el proceso electoral.

“La Embajada reitera el apego del Gobierno de México a sus principios constitucionales de política exterior, en particular la no intervención en asuntos internos y hace un atento llamado a los actores políticos de abstenerse de involucrar a México en las actuales campañas políticas”, señala el documento oficial.

Asimismo, reconoce que dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México y representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos últimos como parte de la delegación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales estuvieron como observadores internacionales. También informó que diputados del Grupo de Amistad Parlamentario dieron seguimiento a la jornada electoral, aunque no especificó nombres.

La tensión entre los gobiernos de Bolivia y México surgió después de la caída de Evo Morales en 2019 y la posterior protección que recibió del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien además brindó asilo a exministros del MAS en la residencia diplomática mexicana en La Paz.     

LA INVESTIGACIÓN

Luego de la inspección técnico ocular que se realizó por dos días como parte de la investigación, nuevos datos surgen con respecto a los extranjeros. El director departamental de la Procuraduría, Fabio Joffre, dijo que asesoraron a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación (Dnetic) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que era dirigido por María Eugenia Choque, para paralizar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de octubre del 2019 y ayudaron a traspasar datos de las personas fallecidas al cómputo oficial.

“En palabras sencillas, proveyeron los insumos digitales para que los muertos voten”, declaró a Urgente.bo.

Agregó que el corte de la TREP fue clave, ya que a través de otro servidor se alimentó  de manera clandestina los datos adulterados e inflados.

De acuerdo a las investigaciones que realiza la Policía, la exvocal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Lucy Cruz, quien fue designada por el expresidente, es la que ordenó la paralización de la TREP.

Según Joffre, la exvocal Lidia Iriarte fue la que identificó a los mexicanos e incluso reveló que el día que se suspendió la TREP, el mexicano que lideraba la delegación de asesores estaba presente.

MÁS DATOS

En la inspección, Álvaro Andrade, gerente de la empresa Ethical Hacking, reveló que en los comicios hubo una manipulación en los servidores y que ingresaron de manera irregular 30 mil actas electorales al sistema de conteo rápido por minuto.

Por otro lado, Joffre ratificó que en 2019, en el Ministerio de Justicia, que era dirigido por Héctor Arce, se falsificaron actas electorales. Dijo que se hizo una manipulación dolosa de las papeletas electorales que se sospecha eran del proceso electoral en el departamento de La Paz.

El 5 de marzo, Ariel I. y Alejandro G., abogados de profesión y que fueron parte del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra  la Corrupción, denunciaron que fueron convocados por otro de los trabajadores a nombre de la exautoridad. Ambos debían estar presentes el 30 de octubre en el Ministerio de Justicia para realizar la “impresión de unas hojas (de papel)”.

Ante esta situación, el Ministerio Público anunció que recurrirá a pericia informática internacional.